Le ha tomado la coleta a muchos inmigrantes sudamericanos, pero la Justicia la ha trincado, nunca mejor dicho, con la masa o con la pasta en la manos.
Se trata de la podemita delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), Mónica González, que ha sido procesada por la Audiencia Nacional por una posible estafa calculada en unos dos millones y medio de euros a inmigrantes sudamericanos allá por el año 2006.
González trabajaba entonces para la empresa Eurowork, de la que llegó a ser administradora única, una compañía que les prometía a los inmigrantes poder regularizar su situación en España y obtener un puesto de trabajo a cambio, claro está, de dinero.
Pues bien, después de recibida una cantidad superior a los 450 euros por persona, el dinero se volatizó exactamente igual que las esperanzas de las decenas de miles de ciudadanos de fuera del país que habían depositado su pequeña fortuna en manos de esta empresa.
De momento, González se enfrenta a dos penas de cárcel, una de cuatro años, solicitada por la Fiscalía por delito de estafa y otra de la acusación particular que, aparte de la estafa, también aprecia el delito de asociación para delinquir.
