Solo en 2012, Cultura sospechó de la veracidad de los datos facilitados por exhibidores de 38 de los 74 filmes que pidieron ayudas
El periodista José Antonio Hernández en el diario El País publica una información tan llamativa como lamentable:
Cuatro juzgados de Madrid investigan un supuesto fraude millonario en las subvenciones que otorga el Ministerio de Cultura a las productoras de películas españolas.
El fraude consiste en sobredimensionar falsamente las taquillas y entradas de espectadores para aparentar que el filme reúne los requisitos que establece la normativa que regula las subvenciones y obtener así ayudas que pueden alcanzar los 1,5 millones de euros, según un informe remitido por Cultura a la fiscalía y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Solo en 2012, Cultura sospechó de la veracidad de los datos facilitados por exhibidores de 38 de los 74 filmes que pidieron ayudas. Las pesquisas judiciales salpican a productoras, distribuidoras y salas de cine de toda España.
El monto del fraude no está aún cuantificado, pero fuentes jurídicas sostienen que puede ser elevado dado que los requisitos supuestamente trampeados para acceder a las ayudas tienen soporte legal desde hace muchos años. De hecho, esta normativa ha sido criticada por el propio gremio por sus efectos perversos. Cultura otorga las subvenciones en función de una combinación de parámetros que valoran la inversión realizada, su recaudación y, básicamente, la cifra de espectadores. «Para cobrarla hace falta un mínimo de 60.000 espectadores, o 30.000 si la película es en lengua no castellana», confirmó José Manuel Bernabé ante uno de los juzgados que investigan este fraude. Bernabé ha sido secretario general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura y el organismo que supervisa las ayudas. Las salas de cine están obligadas a facilitar los datos de recaudación y espectadores al ICAA.
Las pesquisas judiciales apuntan a productoras, distribuidoras y las propias salas de cines. Como uno de los productores más importantes del país, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que tiene dos ejemplos de películas investigadas que solicitaron subvenciones y que hoy están investigadas.
Así desarrolla con detalle El País la información ofrecida por el Ministerio:
En su informe, el ICAA describe graves «infracciones administrativas, y también ilícitos penales (delitos)», entre ellos, el de falsedad y fraude en las subvenciones. Ante las reiteradas sospechas sobre recaudaciones hiperinfladas, el ICAA envió por sorpresas en 2012 a sus inspectores a determinadas salas. Estos observaron cines que comunican que a una determinada película han ido más de cien personas, cuando en realidad han acudido una o dos, o ninguna; y otras que fingían proyecciones y espectadores irreales.
El informe del ICAA detalla «anomalías en la recaudación de las taquillas obtenidas y los espectadores asistentes» de 38 películas. Algunas de ellas son las siguientes: La Montaña Rusa, de Enrique Cerezo P. C.; Holmes & Watson. Madrid Days, de Nickel Odeon. Ambas, exhibidas a través de las salas de la firma Abacocine-Cinebox. Otras películas investigadas son De Mayor quiero ser soldado, una coproducción de España-Italia entre Canónigo Films y Produzione Straordinaria; Los Muertos no se tocan, nene, de 2011 y producida por Gona Centro de Producción. Fuentes de esta productora admiten que tienen «congelada» la subvención de 2012, algo más de 400.000 euros, aunque ignoran los motivos. Otra película bajo la lupa es Mr. Nice, proyectada en los cines Mirasierra.
El ICAA sostiene que la taquilla de estos títulos fue falseada «con la finalidad de posibilitar a las productoras su participación en las convocatorias de ayudas a la amortización de largometrajes». Según fuentes jurídicas, a veces el engaño consiste en que la productora ordena a la distribuidora que compre entradas sin espectadores para cubrir el cupo. Pero en la mayoría de los casos se investigan alzamientos ficticios de entradas. La fiscalía empezó denunciado a los dueños de las salas, pero la investigación ha avanzado y las imputaciones afectan ya no sólo a exhibidores, sino también a productores y distribuidores.
