Las cantidades que percibieron los jueces oscilaban entre 800 y 1.500 euros en función de la importancia de cada seminario y el lugar de celebración
Luis Pineda lleva años pagando a jueces y fiscales por participar en unas conferencias que bajo el título de Foro de la Justicia celebraba periódicamente. Él mismo presumía de tener amigos en la Administración de Justicia cuando presionaba a los bancos para que pagaran los convenios publicitarios en sus revistas a cambio de seguridad jurídica.
Luis Pineda y Miguel Bernad están desde el lunes en prisión provisional sin fianza, acusados ambos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, a lo que hay que añadir estafa, administración desleal y fraude en las subvenciones en el caso del primero.
El auto del Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional es extremadamente duro con los acusados y afirma que Pineda «controla y maneja» las actividades de Manos Limpias.
En Sicilia o en Nápoles, los grupos que se dedican a estas actividades tienen un nombre. Aquí, durante muchos años, Ausbanc y Manos Limpias han actuado con total impunidad bajo el paraguas de un sindicato sin afiliados y una organización de consumidores expulsada del registro de asociaciones.
Este hecho merece una reflexión sobre las numerosas empresas y particulares -con honrosas excepciones- han cedido a la extorsión por miedo a las consecuencias de las amenazas de Pineda y Bernad. Parece que han cerrado ya el grifo a estas organizaciones, aunque de todos es conocido que existen ciertos medios (alguno con sentencia firme por extorsión) que ejercen una presión similar y recaudan cientos de miles de euros en publicidad a cambio de buen trato editorial.
La Justicia está actuando con rigor, después de muchos meses de investigación policial y de pruebas contundentes que demuestran la existencia de una asociación para delinquir, y esa es la buena noticia.
Hay que estar pendientes, sin embargo, de la respuesta de Miguel Bernad y, sobre todo, de Luis Pineda, que intentarán justificar sus actuaciones criminales aduciendo sus buenas relaciones con empresarios, banqueros y políticos, y defendiendo una papel supuestamente regenerador de la vida económica española. Mal estaríamos si creyéramos que unos presuntos chantajistas han jugado algún papel positivo para la sociedad.
Otro asunto que queda pendiente es la legitimidad de Manos Limpias en las actuaciones judiciales, pasadas y presentes, que han ejercido como acusación popular. Es algo que deberá dilucidar la Justicia, pero el auto de la Audiencia considera probado que Bernad y Pineda ofrecieron retirar la acusación contra la infanta Cristina a cambio de tres millones de euros.
La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, asegura no saber nada del asunto, ni de las actividades presuntamente delictivas de Bernad, con quien comparte una imputación por apropiación indebida de 108.000 euros, ni de Pineda, a quien acompañaba a las juntas de accionistas de BBVA a «ejecutar el castigo» por no haber cedido a la extorsión de Ausbanc.
LA CARADURA CORPORATIVA
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este jueves un comunicado en el que defiende la presencia de jueces en los cursos de Ausbanc.
En una declaración aprobada este jueves por unanimidad, el organismo señala que «la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible» con el cargo de juez o magistrado.
La comisión recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial considera incompatibles todas las actividades, con excepción de «la docencia o investigación jurídica» y «la producción y creación literaria, artística, científica y técnica».
Los cursos organizados por Ausbanc son considerados por el CGPJ actos públicos que tenían por objeto «el debate sobre cuestiones de Derecho», a los que eran invitados jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, notarios, registradores y catedráticos de Universidad, entre otros profesionales.
«La presencia de miembros de la carrera judicial en foros, cursos o jornadas públicos junto a otros actores del sector de la Justicia contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad».
Las cantidades que percibieron los jueces oscilaban entre 800 y 1.500 euros en función de la importancia de cada seminario y el lugar de celebración.
Algunos rechazaron cobrar y ofrecieron el número de cuenta corriente de una ONG para que se derivara el pago a una causa solidaria.
