Se acusa al director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, de montar "contravigilancias" para "blindar" a los miembros de la Generalitat
La indignación de jueces, fiscales o juristas es unánime con quienes, con Carles Puigdemont, a la cabeza han ninguneado desde el Tribunal Constitucional hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pasando por la Fiscalía o los juzgados ordinarios.
Asegura David Lozano en ‘EsDiario‘ este 14 de octubre de 2017 que lo ocurrido en los últimos meses en Cataluña y de forma especialmente intensa en torno a fechas como el 20-S o el 1-O, es inédito en el ordenamiento jurídico internacional de los países democráticos y ha transmitido una sensación de impunidad e inseguridad jurídica muy perjudicial para la democracia.
Los mandamientos judiciales se han incumplido con descaro por parte de las altas instancias de la Generalitat pero también por la cúpula y los propios agentes de los Mossos d`Esquadra. Una situación de pérdida de la legalidad insostenible y que provocó que el TSJC ordenara la custodia de sus dependencias a la Policía Nacional.
La perplejidad de la judicatura era patente durante la recepción oficial del Rey Felipe VI en el Palacio Real este 12 de octubre, con motivo del día de la Hispanidad.
En todos los corrillos en los que participaba algún destacado juez o fiscal, los comentarios y las conclusiones eran idénticas: la Justicia es normalmente lenta pero va a actuar y lo hará de manera justa pero contundente y sin concesión alguna.
«La Justicia no responderá a intereses políticos y será inflexible con lo que sistemáticamente han incumplido estas semanas las leyes y entienden que derivará en serias responsabilidades penales».
Según David Lozano, algo parece casi seguro: este lunes 16 de octubre, ingresarán en prisión del Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y el de los presidentes de ANC Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
El mismo día en que Carles Puigdemont debe responder al requerimiento del Gobierno de Mariano Rajoy y decir con nitidez si proclamó o no la independencia de Cataluña, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para volver a tener en frente al mayor Trapero, la intendente Teresa Laplana y a los presidentes de ANC y de Òmnium Cultural.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia les vuelve a citar tras incorporarse un nuevo atestado de la Guardia Civil a la causa que investiga los incidentes ocurridos en Barcelona el 20 y 21 de septiembre y que apunta que los imputados por delito de sedición formaban parte del organigrama del Gobierno catalán para promover la independencia.
Los delitos de estos tres, tras la primera comparecencia, se han visto considerablemente aumentados tras los nuevos informes presentados a la juez por la Guardia Civil.
La juez llama también a declarar en calidad de testigos a la secretaria judicial del Juzgado número 13 de Barcelona y a dos agentes de la Guardia Civil en relación con los incidentes ocurridos esos días durante los registros y detenciones a altos cargos del gobierno catalán por el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
El nuevo atestado de la Benemérita incorporado a la causa denuncia que los Mossos mantuvieron una «actitud pasiva» ante la concentración de un elevado número de personas frente a los centros en los que se desarrolló el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y precisa que, en algunos casos, evitaron intervenir cuando los agentes del Instituto Armado fueron agredidos.
Se acusa al director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, de montar «contravigilancias» para «blindar» a los miembros de la Generalitat a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional y de transmitir a Trapero las órdenes para el cumplimiento de estos requerimientos.
En relación a los presidentes de las asociaciones soberanistas, la Guardia Civil expuso en su informe que quedó acreditado que participaron en las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre y además «alentaron a la masa» llamando a concentrarse frente a la sede del TSJC.
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