Pepe Villarejo, el comisario 'tocapelotas' (II)

(II) Y mandaron desde Madrid policías a borrar huellas en Colombia

(II) Y mandaron desde Madrid policías a borrar huellas en Colombia
Ignacio González y el ático de Estepona. PD

Este es el segundo capítulo de un serial que comenzamos este 24 de abril 2017 en Periodista Digital sobre el comisario José Manuel Villarejo Pérez, auténtica ‘caja negra’ de confidencias, relatos e investigaciones sobre la corrupción en España desde la Transición hasta nuestros días. ¿Servidor del Estado o cerebro oscuro de la fontanería policial? Pieza clave en casos como el ático de Ignacio González o el ‘Pequeño Nicolás’, Villarejo era un enigma de difícil solución. Hasta ahora.

Llama poderosamente la atención que todos los medios que se lanzaron en tromba en 2015 contra el Comisario Villarejo por haberse atrevido a investigar a Ignacio González, ahora están mudos y nadie hace referencia que este controvertido, polémico e inusual policía fue quien osó hurgar en las actividades atípicas del entonces todopoderoso alto cargo del PP de Madrid.

En sucesivos capítulos se analizará, no solo la campaña con la que infructuosamente intentaron desactivar a Pepe Villarejo, sino las razones que han movido a los diferentes actores que intervinieron.

Siguiendo con el hilo del relato iniciado en el capítulo anterior, a pesar de haberle conminado Cosidó a que dejara de investigar a González, como quiera que nadie tuvo el cuajo de darle esta orden por escrito como exigía Villarejo, este siguió a los suyo.

Aprovechando su excepcional situación, sin aparente destino, horario o despacho concreto, el policía tiro de sus contactos para investigar a fondo.

Esto, como no podía ser de otra manera, generó casi de inmediato una tensa situación, que fue emponzoñándose a medida que Villarejo aportaba en forma de informes el resultado de sus pesquisas.

Según el comisario, no le pasó nunca desapercibido que sus reportes eran uno tras otra ignorados y arrinconados en un cajón.

Así por ejemplo, en una nota informativa interna de mayo de 2012 se atrevió a denunciar una maniobra que el policía consideraba un auténtico fraude procesal y un uso político de la policía.

Y ello ocurrió, porque para González, era vital manejar el sumario del llamado ‘Caso del Espionaje’, referido los movimientos que el por entonces Vicepresidente de la Comunidad de Madrid habían tenido lugar con ocasión de un viaje a Colombia.

Viaje que Villarejo, en nota interna muy detallada de julio de 2011, ya vinculó al posible cobro de una parte del supuesto ‘cohecho‘ que, según un confidente, González habría recibido en metálico, además del ático, por la llamada operación de Arganda.

Villarejo denunció en su informe de mayo de 2012, que a los pocos días de ser nombrado Enrique Barón como Comisario General de Información, aprovechándose de que había sido hasta ese nombramiento su subordinado como responsable de seguridad en la Comunidad de Madrid, le pidió que en su nombre hiciera una serie de gestiones en Colombia, para intentar así manejar una situación que de una u otra manera le preocupaba.

Así, el juez instructor del juzgado nº 47 de Madrid, mediante oficio de fecha 20.1.12 y nº Identificación 28079-2-00-26-076/2009, quitó sorpresivamente la competencia sobre la investigación de tal viaje a la UDEF y se la asignó a la Unidad Antiterrorista dependiente de Barón, decisión a todas luces insólita y carente de la mínima lógica procesal, salvo que fuese a sugerencia de un hermano de su señoría, que casualmente trabajaba bajo las ordenes de González en la Comunidad.

Coincidiendo con este cambio, se detectan intentos para borrar del registro del Hotel Sofitel de Santa Clara, de Colombia, los nombres de todos los españoles que se hospedaron entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2008.

En el referido hotel, casualmente, dos clientes del mismo, blanqueadores de dinero de la droga, de nacionalidad española, sometidos a control permanente por todas las agencias mundiales antidrogas, en especial la DEA, Laureano Ramos Rodríguez y Marcos José Fernández Montero, ambos vinculados al Cártel de Cali, entraron y salieron los mismos días que González, esto es, estuvieron entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2008.

Inmediatamente después de la designación del Juez, Barón buscó una excusa para viajar a Cartagena de Indias y hospedarse en el mismo Hotel Santa Clara Sofitel, en cuya suite 423 casualmente se había alojado en 2008 el referido González.

Cuando se hizo pública, no solo la investigación sino el extraño viaje de Barón a Colombia, el Ministro de Interior, engañado por sus asesores, además de definir la investigación del ático como «ilegal«, por no haberlo autorizado un Juez, negó rotundamente, que el motivo del viaje del Comisario General de Información a Colombia (hasta final de 2011 Director de Seguridad de la Comunidad de Madrid), fuera investigar el espionaje a su ex jefe.

El Ministro, al ser preguntado en el Congreso, directamente, si al margen del viaje, Barón estaba investigando estos hechos, fue taxativo y aseguró, a modo de advertencia:

«El Sr. Enrique Barón no está investigando eso, ya que, si lo estuviera investigando, dejaría de ser Comisario General de Información en estos momentos».

Alarde que no cumplió

El Ministro ocultó por no saberlo y/o por haber sido confundido por algún colaborador, o por sugerencia del propio Cosidó, Director de la Policía, que a petición del propio González, el Juez, había cambiado todo y ordenado expresamente a Barón que dirigiera estos hechos, justo todo lo contrario de lo que el Ministro había asegurado que no había ocurrido.

El jefe de la Unidad Antiterrorista a la que se asignó esta investigación, se le premió meses después con una medalla roja pensionada, a pesar de que no había razón alguna para ello.

Estos cambios en los policías investigadores y el viaje de Barón fueron estériles, ya que los datos de los compañeros de hotel de González entre otras cuestiones, ya habían sido facilitados desde hace más de un año a la UDEF, si bien es cierto, que el Juez no quiso aportarlos al sumario, por entender que no tenían relevancia ya que el sumario era solo para averiguar quiénes habían espiado a González y quien había pagado por ello.

González, de acuerdo con el Juez y contando el beneplácito de Cosidó, logró no sólo que se imputase en este sumario al comisario Hermes de Dios, sino que a punto estuvo d emteer en el embrollo también los Comisarios Generales Ulla y Losada, policías que fueron cesados por la osadía de investigar ‘sin permiso de la superioridad‘, el rumboso ático en Estepona del ahora preso Ignacio González. Continuará…

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