Entre los investigados también está Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad, Ignacio González
El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha abierto este 10 de mayo de 2017 diligencias previas contra 16 personas entre las que se encuentra la actual delegada del Gobierno de Madrid Concepción Dancausa y otros 14 cargos públicos por un supuesto delito societario relacionado con una ruinosa operación en Mercamadrid.
El juzgado les ha informado de que está realizando una investigación por administración desleal o fraudulenta motivada por una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid y en la que todos figuran en calidad de investigados, término con el que ahora se denomina jurídicamente a los imputados. El juzgado también ha ofrecido a los posibles perjudicados de Mercamadrid que emprendan acciones.
La Fiscalía Provincial de Madrid denunció a finales de abril a Dancausa, «por un delito societario del artículo 295 del Código Penal» contra las arcas de Mercamadrid durante la época en la que fue concejal en el equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Botella.
La iniciativa de la fiscalía se produjo un año después de que el actual Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena le remitiera un informe en el que denunciaba malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos en Mercamadrid.
Una extraña operación en la que los gestores del mercado central de mayoristas, dependiente del Ayuntamiento de la capital, cedieron unos terrenos municipales y, en lugar de cobrar por ello, acabaron pagando 41.500 euros al mes al beneficiario, y así hasta 2032.
LOS IMPLICADOS
Las diligencias se abren respecto a Concepción Dancausa, Pablo González –hermano de Ignacio González, en prisión provisional por otra causa de corrupción, el caso Lezo-, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz.
Además, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losasa, todos los cuales integraban en 2013 el Consejo de Administración de la empresa pública Mercamadrid.
En su denuncia la Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio».
Para la Fiscalía, el «enriquecimiento ilícito» de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.
En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros «para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno», según la Fiscalía.
El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial «lesivo» que le costó 623.000 euros al año.
Además de Dancausa y Pablo González, entre los investigados figuran el exprimer teniente de alcalde del Gobierno municipal de Ana Botella, José Enrique Núñez; el exdirector general y la exvicepresidenta segunda de Mercamadrid José Manuel Torrecilla y María Dolores Flores, respectivamente.
