Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ha presentado su renuncia después de que la Guardia Civil haya registrado su despacho
El juez del caso Púnica Eloy Velasco no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, pese a que la UCO en un informe señalara indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid, cuando era presidenta de la mesa de contratación.
Ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.
Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.
En ese informe, del pasado 1 de marzo de 2017, la Guardia Civil concluye que esas adjudicaciones podrían estar amañadas y señala que Cifuentes como presidenta de la mesa de contratación podría haber incurrido por ello en delitos de cohecho y prevaricación.
Los contratos de adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, «se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones».
Entre esas personas, la UCO menciona expresamente a Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) y que está sujeta a aforamiento actualmente.
Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado.
Dichos donativos (la UCO los cifra en 160.000 euros y el propio Fernández, ante el juez, los situó en 60.000) se produjeron en fechas próximas a la campaña electoral de 2007, concretamente en marzo de ese año.
Cuando se produjeron esas aportaciones de Fernández, Cifuentes era patrono de esa fundación, como destaca la UCO en otro informe del sumario, en el que resalta la «coincidencia» de ese cargo con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación cuando se efectuaron las aportaciones económicas.
Según la Guardia Civil, hay indicios por tanto de que se favoreció al Grupo Cantoblanco para que se alzase con la adjudicación de los contratos, en vista de esos «importantes» donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación «directamente vinculada con el Partido Popular de Madrid» que sirvió para» financiar de manera encubierta» al mismo «para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización».
