El Gobierno debe demostrar que la ley se aplica. Si no, ningún separatista se considerará persuadido de respetar una legalidad degradada por quien debe defenderla
La Fiscalía se inclina por no pedir prisión preventiva para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras su segunda declaración como imputado por un delito de sedición, este 16 de octubre de 2017 en la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público tampoco prevé solicitar esta medida cautelar, la más grave de las posibles, para los otros tres investigados en esta causa: la intendente de la Policía autonómica, Teresa Laplana; y los líderes de las asociaciones ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Esta comparecencia coincide con el vencimiento del plazo que el Gobierno ha dado a Carles Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia durante su intervención en el Parlamento catalán el pasado 10 de octubre
TRAS su primera declaración ante la Audiencia Nacional, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, salió más tranquilo que como entró: sin medidas cautelares, sin inhabilitación alguna y con el mismo mando sobre 17.000 policías autonómicos, pese a que había sido citado por su posible participación en un delito de sedición castigado con pena de prisión de diez a quince años.
El hecho que motivó su citación fue la actitud de los Mossos durante el registro que practicó la Guardia Civil en la sede la Consejería de Economía el 20 de septiembre pasado. Una actitud que si en su momento pudo ser considerada como cómplice, hoy entra de lleno en la cooperación necesaria del asedio a la Benemérita, más aún tras el análisis de los documentos remitidos por la Guardia Civil al juzgado.
Ese día, las cámaras de televisión y de teléfonos móviles registraron un delito flagrante, muy grave y con sus posibles responsables perfectamente identificados.
En el guion del proceso separatista, los Mossos cumplen una función esencial como «estructura de Estado» al servicio de la independencia y su ejecutor era Trapero, según los informes de inteligencia de la Guardia Civil, informes tantas veces suficientes para justificar el ingreso de prisión de cualquier otro sospechoso por delitos mucho menos graves que el de sedición cometido por funcionario público.
La citación judicial debería deparar un resultado distinto para Trapero y para los dirigentes de Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, porque los indicios contra ellos se han reforzado y porque los tres presentan un riesgo evidente de reiteración delictiva, condiciones suficientes para adoptar unas medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, que la Fiscalía parece descartar,.
Al margen de la decisión que tome la juez encargada del caso -condicionada por la petición del Ministerio Fiscal-, sigue siendo inexplicable que Trapero permanezca al frente de un cuerpo policial armado, integrado por 17.000 miembros, en el que circulan listas negras contra Mossos «españolistas» y que, como institución sometida al Gobierno catalán, demostró su nulo compromiso con el Estado de Derecho para evitar el referéndum del 1-O.
Su deslealtad fue una respuesta planificada como elemento esencial del plan de choque separatista contra el Estado.
A día de hoy, los Mossos debían estar bajo mando directo del Ministerio del Interior y toda su cúpula inhabilitada. Las esperanzas de diálogo con la Generalitat no deben ser la coartada para pisar el freno de la Justicia.
El Gobierno debe demostrar que la ley se aplica. Si no, ningún separatista se considerará persuadido de respetar una legalidad degradada por quien debe defenderla.
