La Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido prisión incondicional para el comisario mayor de los Mossos d'Esquadra

La juez deja en libertad a Trapero pero le quita el pasaporte y le ordena presentarse cada 15 días

La Audiencia Nacional ha dejado en libertad con medidas cautelares a la intendente de los Mossos d’Esquadra, Teresa Laplana

La juez deja en libertad a Trapero pero le quita el pasaporte y le ordena presentarse cada 15 días
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el centro y de civil. AN

A los presidentes de ANC y Òmnium, la Guardia Civil y la Fiscalía les acusan de haber sido los organizadores y movilizadores de las protestas contra las actuaciones contra el referéndum

Dice un refrán español que ‘a todo cerdo le llega su San Martín‘ y da la sensación, por fin, de que el viejo aforismo agropecuario podria ser aplicable, por extensión, a algunos de los golpistas catalanes.

El comisario mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha evitado este 16 de octubre de 2017 el ingreso en prisión incondicional que solicitaba para él la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un supuesto delito de sedición.

Sin embargo, la juez Carmen Lamela, instructora del caso, le ha impuesto medidas cautelares: presentación cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. En caso de incumplir las medidas, la juez podría ordenar el endurecimiento de las mismas.

La magistrada considera a Trapero responsable de la inacción del cuerpo a la hora de evitar el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña. Trapero (Santa Coloma de Gramenet, 1965) dio órdenes a sus subordinados de proteger a los organizadores de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional y prohibida por la justicia.

Quizá por todo eso, es chocante que no se haya inhabilitado aTrapero y que este conserve el mando sobre sobre 17.000 policías autonómicos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido esta mañana prisión incondicional para el comisario mayor de los Mossos d’Esquadra.

La juez Lamela ya había decidido en la mañana dejar en libertad con medidas cautelares a la intendente de los Mossos d’Esquadra, Teresa Laplana, después de que la Fiscalía haya solicitado para ella el ingreso en prisión bajo fianza de 40.000 euros, según informan fuentes jurídicas. La magistrada ha rebajado esta petición y ha acordado para Laplana la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.

Laplana era la responsable de la dotación de los Mossos d’Esquadra responsable de la seguridad en la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, que fue bloqueada por miles de personas cuando una comisión judicial entró para efectuar un registro por orden del Juzgado de Instrucción numero 13 de Barcelona.

El comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de las dos grandes organizaciones movilizadoras del independentismo, Jordi Sànchez, de la ANC, y Jordi Cuixart, de Òmnium, estaban citados este lunes en la Audiencia Nacional como imputados por sedición, diez días después de que fuesen interrogados por primera vez.

La juez Lamela quería indagar sobre su papel en las concentraciones masivas organizadas para forzar que se celebrara el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional y que la Justicia había ordenado impedir.

El 7 de octubre los imputados salieron de la Audiencia sin ninguna medida cautelar y se les volvió a citar después para poder examinar documentación facilitada por la Guardia Civil. En esos informes se asegura que Trapero está «totalmente involucrado en el proceso separatista».

El instituto armado asegura que Trapero ordenó a la policía autonómica que hiciera «funciones de protección y seguridad» para los organizadores de la consulta y que dio «instrucciones o pautas de actuación» a sus subordinados para que no actuaran para cerrar colegios el día del referéndum.

A los presidentes de ANC y Òmnium, la Guardia Civil y la Fiscalía les acusan de haber sido los organizadores y movilizadores de las protestas contra las actuaciones contra el referéndum.

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