En la ampliación del informe de la Guardia Civil entregado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela los investigadores se hacen eco de las imágenes aparecidas en medios de comunicación
Un paripé. Ahora andan juntando papeles, como hace su jefe Trapero, para tratar de convencer a los jueces de que cumplieron con la ley el 1-O, pero las pruebas en contra -en forma de vídeo, foto o testimonio de la Guardia Civil- son abrumadoras.
Los Mossos d’Esquadra se concertaron con los organizadores del reférendum ilegal del 1 de octubre antes de que este se celebrara con una doble finalidad: que los agentes autonómicos pudieran enmascarar algunas de sus actuaciones de desobediencia y que los impulsores de la votación pudieran a su vez incumplir las leyes y el mandato del Tribunal Constitucional con impunidad.
Esta es la conclusión a la que llegan los investigadores tras analizar paso a paso las actuaciones llevadas a cabo por la Policía de la Generalitat el 1-O, incluido el informe que presentó el Cuerpo autonómico al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
«Resulta evidente que hubo una actuación previamente acordada por los organizadores del referéndum y la cúpula de la Policía de la Generalitat con una doble finalidad», resaltan las fuentes policiales que citan Pablo Muñoz y Cruz Morcillo en ABC, este 19 de octubre de 2017.
«El fin era doble: maquillar» ante jueces y fiscales un determinado número de actuaciones y facilitar el incumplimiento del mandato constitucional celebrando la consulta secesionista «con total normalidad».
En las diligencias entregadas al TSJC por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se constata, según ha podido saber este periódico, como en algunos colegios una vez que concluyó la jornada de votación y se realizó el recuento, las urnas eran entregadas a los miembros de los Mossos d’Esquadra que durante toda la jornada habían «custodiado» el centro de votación y posteriormente eran trasladadas a comisaría.
De ahí, que los investigadores califiquen la operativa como de «maquillaje». En esas diligencias se especifican números concretos y acciones específicas.
Pero no son los únicos documentos que obran en poder judicial en el que se recogen ese tipo de actuaciones -como mínimo anómalas- que dejan en evidencia el papel desempeñado por los agentes de la Generalitat el día del referéndum.
EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
En la ampliación del informe de la Guardia Civil entregado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela los investigadores se hacen eco de las imágenes aparecidas en medios de comunicación en las que una pareja de Mossos lleva en los coches policiales las urnas o incluso accede al interior de un punto de votación sin intervenir las urnas ni impedir actuación alguna.
«De estas actitudes se evidencia que no existía ninguna voluntad de cumplir con la orden del TSJC, y siendo tan generalizada la actuación se infiere que debían existir órdenes que obligaran a los Mossos a no intervenir».
Lamela atribuye un delito de sedición al responsable de los Mossos (Josep Lluís Trapero) y a los líderes soberanistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, a quienes envió a prisión sin fianza el lunes.
En el comunicado que los Mossos difundieron la semana pasada tras entregar su informe al TSJC se aseguraba que el 1 de octubre «se detuvo la actividad de votación que se estaba realizando en 99 centros de votación y se incautaron más de 400 urnas en 141 centros de votación», papeletas, documentos relacionados con el censo, material informático que estaba en algunos de los centros, así como documteación relacionada con la preparación de alguna de las mesas electorales.
Si analizamos los datos objetivos facilitados tanto por los Mossos como por la propia Generalitat, la actuación de los agentes autonómicos en esos 99 centros en los que dicen haber detenido la votación, no consiguió en ningún caso «impedir que se contabilizaran por parte de los organizadores del referéndum votos a favor del Sí», según fuentes de la seguridad del Estado.
O se limitaron a intervenir una parte del material y dejar otra para que se pudiera seguir votando, o bien solamente se incautó el material una vez que se contabilizaron los votos.
Ambas opciones son, a juicio de los investigadores policiales, un signo inequívoco de connivencia entre los impulsores de la consulta ilegal y las órdenes impartidas por la cúpula de los Mossos, con el mayor Trapero a la cabeza, a sus agentes.
En definitiva, el modo de proceder tal y como se puso en evidencia permitía una salida airosa a unos y otros: a los organizadores les daba vía libre para celebrar su consulta y a los máximos responsables del Cuerpo autonómico las actuaciones «parciales» les permitían aportar al TSJC unos datos de su trabajo ese día a modo de «justificación».
La Guardia Civil mete en vereda en varias ocasiones a Mossos que apoyan el referéndum ilegal
