A la fuerza ahorcan, que dice el viejo y cínico refrán español. Y tras andar muy chulos unos días, sacar mucho pecho y mostrarse desafiantes, los golpistas catalanes han empezado a ablandarse y están dispuestos a ‘hacer el pino‘ para salir de la prisión.
El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre de 2017 han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por «las vías del diálogo y la negociación».
«Mis mandantes aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 en los términos que autorizó el Senado y aprobó el consejo de Ministros».
«Lo han hecho desde la más profunda discrepancia política y jurídica. Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos».
La defensa de Junqueras, Romeva, Mundó y Bassa señala:
«No obstante, no renuncian a sus convicciones políticas, que pasan (como han defendido siempre) por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas».
Y alegan que la propia Constitución «protege al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante».
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