La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al letrado Javier Saavedra a 6 meses de prisión y un año de inhabilitación para ejercer su profesión por estafar 6.000 euros al empresario barcelonés Javier Rigau, todavía marido de la actriz italiana Gina Lollobrigida.
Eso sí, le absuelve de los delitos de estafa agravada y de apropiación indebida. Contra la sentencia cabe interponer un recurso de casación y para Rigau se le reservan las correspondientes acciones civiles, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
La acusación pública solicitaba una pena de cinco años de cárcel contra el abogado. A tenor de su escrito de conclusiones provisionales, el procesado habría perjudicado de forma notoria a su cliente, un joven español del que la revista Hola, en octubre de 2006, anunció que iba a contraer matrimonio con la conocida y veterana actriz italiana.
Cuando a raíz de la publicación de la noticia, el empresario contrató los servicios del abogado procesado para hacer frente a las personas que decían de él que era un mentiroso, un gigoló o un delincuente.
Saavedra, para detener la preocupación que en el joven causaban esas calificaciones, comenzó a interponer constantes y repetidas demandas contra el honor, solicitando indemnizaciones que oscilaban entre los 200.000 y los 300.000 euros con el exclusivo ánimo -dijo la Fiscalía-, de que cuantas más demandas se presentaran y cuanto más dinero se reclamara, más facultado estaba para interesar de su cliente mayores cantidades económicas en concepto de provisión de fondos y minuta profesional.
Como método de actuación interpuso demandas contra diferentes programas de televisión de varias cadenas (aunque muchas fueron inadmitidas por defectos de forma) e incluso llegó a repetir la misma demanda hasta en cinco juzgados diferentes.
De las 44 demandas que prometió presentar, sólo inició la mitad. Sólo ganó dos y por un importe sensiblemente inferior al que exigía, que no llegó ni a 3.000 euros, aunque en provisión de fondos llegó a ingresar 237.000 euros, según el Ministerio Público. El joven español reclamó una indemnización de más de 433.000 euros y una procuradora, 34.000.
Pero los jueces sólo han acreditado que Javier Saavedra engañó a su cliente diciéndole que en uno de esos procedimientos de demanda tenía que pagar 12.000 euros en concepto de fianza, cuando en realizada eran 6.000. Por ello, desestiman que se trata de un delito de estafa continuada.
«El delito de estafa que se imputa exige que al tiempo de la presentación de las demandas, el acusado conociera que por defectos de forma por ellas padecidas o por lo improsperable de sus pretensiones, estuvieran condenadas al fracaso, y además fueran presentadas únicamente para justificar un desplazamiento patrimonial previo conseguido mediante ardid o artificio, o provocar uno futuro. Se trataría, en definitivo, de una suerte de negocio jurídico criminalizado en el que el letrado tuviera desde el inicio intención de incumplir sus obligaciones constituyendo el contrato el propio instrumento de engaño. No ha sido así. Al menos esta Sal no lo considera acreditado sin ningún género de dudas», esgrime en la sentencia.
