El xenófobo Quim Torra ha asegurado este5 de septiembre de 2018 en Bruselas que «será el pueblo» quien conteste a si se deben abrir las cárceles de los golpistas catalanes presos en caso de que sean condenados por los Tribunales.
El sectario presidente de la Generalitat ha negado haber planteado él mismo ese escenario.
«Yo, interpretando el sentir de los catalanes en esos momentos presentaré a la Cámara la decisión que se debe tomar», ha añadido. El líder catalán ha insistido en que es el Parlamento catalán y los catalanes quienes le fijarán el «límite» en sus actuaciones y que serán ellos quien le marquen «si obedecer o desobedecer» las sentencias judiciales.
«En este punto no contestaré a ninguna de estas preguntas, porque será el pueblo de Cataluña quien lo contestará», ha declarado en una rueda de prensa acompañado por el expresident Carles Puigdemont, al ser preguntado por si contempla abrir las cárceles si son condenados los miembros del ex Govern.
Torra ha argumentado que cuando ha hablado de este asunto lo ha hecho en respuesta a una serie de «distintos escenarios» que le ha planteado su entrevistadora en un programa de Catalunya Radio y ha achacado a «fake news» que él haya planteado tal hipótesis.
Sin embargo, el actual presidente de la Generalitat ha evitado hasta en cuatro ocasiones responder a las preguntas que le pedían aclarar si estaría dispuesto a abrir o no las prisiones.
Sobre el riesgo de que el Gobierno central vuelva a activar el artículo 155 de la Constitución si avanza en el desafío independentista, Torra ha asegurado que está dispuesto a llegar «tan lejos como el president Puigdemont, que se puso a disposición del pueblo de Cataluña».
Además ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que «abandone la cultura del 155», para no viciar el proceso de negociación.
Torra ha apelado a la «legitimidad» del proceso independentista logrado, dice, con el referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre; al tiempo que ha aceptado tomar «todos los riesgos posibles» para acudir a negociar con el Gobierno un referéndum de autodeterminación «vinculante, consensuado con el Estado y reconocido internacionalmente.
Por ello, ha añadido, piden al Gobierno que aclare cuál es su «propuesta concreta» para acudir a la mesa de negociación. Sobre la oferta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para un referéndum de autogobierno, Torra ha reiterado que esa no es una opción, porque Cataluña ya cuenta con un autogobierno.
La visita de Torra a Bruselas es la cuarta que realiza a la capital comunitaria como presidente de la Generalitat, pese a lo cual en ninguna de ellas ha logrado fijar una agenda europea para reunirse con los presidentes de las instituciones de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker (Comisión Europea), Donald Tusk (Consejo) o Antonio Tajani (Parlamento Europeo).
El líder catalán ha reconocido «dificultades diplomáticas» como consecuencia de la situación en Cataluña, aunque lo ha achacado a las «reglas de la diplomacia internacional» que fijan los «clubes de Estados», a los que Cataluña aspira a integrarse.
En su comparecencia conjunta, Torra y Puigdemont han aprovechado para llamar a los catalanes a acudir de manera masiva a la próxima Diada, porque será una edición que consideran excepcional por la «represión».
La respuesta del Gobierno
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha recordado a Torra que en un Estado democrático de Derecho como es España los gobernantes tienen que «acatar» las sentencias judiciales, aunque no se compartan.
El presidente, que siguió «atentamente» la conferencia de Torra, ha subrayado que el Gobierno español «se toma muy en serio el diálogo y la negociación» con la Generalitat, y está «dispuesto a abrir» espacios de entendimiento en cuestiones de financiación y en materia de leyes sociales.
Sánchez ha remarcado que su Gobierno entiende que la política no tiene que «enquistar» problemas, sino resolverlos. Y la cuestión catalana, ha señalado, se prolonga ya por más de una década.
Las asociaciones de jueces y de fiscales no creen que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, cumpla su advertencia de «abrir las cárceles» para los políticos presos en la causa del ‘procés’ si son condenados. Más bien enmarcan estas palabras en una «estrategia política para elevar la tensión», sobre todo en vísperas de la Diada y del primer aniversario del referéndum independentista del 1-O.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, considera que las declaraciones de Torra se producen en un «contexto político» muy concreto y no ha querido adelantar acontecimientos sobre lo que ocurrirá. Eso sí, ha remarcado que «hay que cumplir la ley y el Estado de Derecho».
Desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) tampoco han querido aventurar qué consecuencias tendría para Torra un acto como el que ha sugerido en caso de que los políticos presos sean condenados por el Tribunal Supremo.
Su portavoz, Raimundo de Prado, opina que la intención del presidente catalán es «amedrentar» a los poderes del Estado, pero que el Poder Judicial «no se dejará», por lo que ve sus palabras como un «brindis al sol» que sólo pretende «crear crispación».
De Prado también ha aprovechado para recordar a Torra que «las leyes están cumplirse» y que un representante público que cobra del erario público debería ser «más cauto» en sus manifestaciones.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Concepción Talón, tiene una opinión parecida. A su juicio, Torra pretende «subir la tensión en las calles» y sus afirmaciones son un mero «teatro para sus seguidores».
Pero además, considera que el objetivo de Torra también es el público internacional para así «desprestigiar y sembrar dudas sobre el sistema judicial español» en el exterior. «Vienen fechas importantes y tiene que insuflar la tensión para que no decaiga», ha señalado.
