La historia es para echarse a temblar, sobre todo porque confiar en la Justicia española es casi una cuestión de lotería. Lo que para unos jueces es blanco, para otros negro y, entre medias, está un inocente que puede pasar los próximos cuatro lustros en prisión en función de lo que sentencie su señoría.
Se trata de un expolicía municipal de la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla. Casimiro Villegas, un 29 de marzo de 2011, en plena madrugada, tuvo la desgracia de que un grupo de cinco violentos asaltantes entraran en su vivienda con el objetivo de arramblar con todo lo que encontrasen a su paso y no dudaron en golpear al entonces agente y amenazar también a la familia de este.
Villegas se defendió con uñas y dientes, hirió a dos de los ladrones con su arma reglamentaria, pero ahora la Fiscalía le pide una pena de 20 años de cárcel y 300.000 euros para los delincuentes. Parece una broma (pesada) de El Mundo Today, pero desgraciadamente la realidad supera en este caso la ficción.
Tal es el calvario que incluso en este tiempo de espera ha intentado suicidarse. «No entiendo cómo se puede proteger a los delincuentes. Yo lo único que hice fue defender mi vida y la de mi mujer», explica con tono amargo.
Casimiro, licenciado en Derecho, nunca pensó que aquel 29 de marzo de 2011 su vida iba a cambiar por completo durante la madrugada de esa fatídica noche. «Eran las tres de la mañana, escuché ruido en la cocina. Cuando me levanté y bajé en pijama tenía a dos hombres encapuchados encima. Me pegaron, me tiraron al suelo, no dejaban de darme patadas. Actuaron con violencia feroz y extrema. Me mordían, yo intenté zafarme de ellos como pude», según narra.
En ese momento, su uniforme de policía estaba en el salón junto a su pistola. El exagente describe cómo, a duras penas, consiguió llegar hasta donde tenía su arma reglamentaria. «Vi que había tres personas más. En total, eran cinco varones jóvenes, dos de ellos estaban en mi jardín. Había dos furgonetas, una con las que cargaban y otras con todas las herramientas y armas para realizar el asalto a mi finca. Eran profesionales del robo, una banda criminal organizada y sus vehículos estaban dentro de mi finca, en el césped. Forzaron la cerradura y rompieron cristales de seguridad climalix», señala el exagente.
Es en este punto de la historia cuando Casimiro coge respiración y afirma contundentemente que actuó en legítima defensa: «Fue una agresión feroz y reaccioné como cualquier ser humano, quería sobrevivir, salvar a mi mujer y mi vida. Escuché cómo decían entre los malhechores: ¡Mátalo! ¡mátalo! En ese momento en el que estaban discutiendo los delincuentes pude agarrar mi arma reglamentaria y disparé. Ellos tenían una escopeta… Hablaban de asesinarme», argumenta el sevillano.
Es entonces cuando las balas alcanzaron a dos de los ladrones. Ninguno murió. Luis Romero, abogado de Casimiro, aclara que «ambos delincuentes fueron heridos. Uno de ellos tiene problemas para andar y el otro de impotencia al ser alcanzado por los disparos en los genitales». El letrado garantiza que su cliente hizo lo que debía y van a demostrarlo en el juicio.
Tienen todas las pruebas pertinentes para que ni siquiera se llegue a celebrar la vista. Según comenta el abogado y el exagente:
No estaban huyendo, tal y como han alegado en el auto. La banda estaba a punto de matar a Casimiro y él no sólo actuó a través de un miedo insuperable, sino también cumpliendo el deber como agente de la policía, ya que se identificó ante sus agresores diciéndoles que era agente local. Ellos se retiraron, no huyeron. Salieron de mi jardín y yo, inmediatamente, llamé a mis compañeros. Vinieron de la policía científica y comprobaron cómo había sido un robo con uso de la fuerza y violencia extrema.
Pero lo peor aún estaba por llegar. Según Romero, «ni el juez ni la fiscal piensan que fue necesario disparar y piden para mi cliente 20 años de cárcel y una indemnización a los delincuentes de 300.000 euros».
Esta orden judicial rompió a cachos los sueños de Casimiro. Desde 2011, tras lo sucedido, el que fuera un reconocido policía de la Unidad de Investigación Científica, fue despojado de su pistola y dado de baja en el Cuerpo. Además, «tiene embargadas todas sus propiedades y las tres cuartas partes de la pensión que le ha quedado por incapacidad laboral», lamenta el letrado del despacho Luis Romero Abogados, en Sevilla.
En aquel instante, se encontraba en lo mejor de su trayectoria vital. «Tenía 43 años, me iba bien en el cuerpo de policía local. Decidí comprar una parcela en el campo para vivir con mi mujer y empecé a construir mi casa, con mis propias manos, ladrillo a ladrillo. Nunca pensé que estaba levantando mi futura ruina», se queja apesadumbrado Casimiro.
A los embargos se le suman las secuelas psicológicas y físicas que les han quedado a él y a su esposa. «Tengo una hernia discal y mi mujer y yo padecemos síndrome de estrés postraumático. Estamos en tratamiento con ansiolíticos. No somos las mismas personas tras el ataque y encima, ahora, la Justicia quiere que sea yo el que vaya a la cárcel. No podemos más», critica.
Al verse al borde del abismo, en la miseria y psicológicamente destrozado, Casimiro quiso quitarse la vida. Su mujer logró salvarlo en el último momento, antes de que apretara el gatillo. Ahora, a sus 53 años, se dedica a dar conferencias sobre suicidio a policías y guardias civiles.
