El Gobierno y el PP han pactado definitivamente la renovación del Poder Judicial con una novedad muy relevante.
El presidente del consejo, y por tanto también presidente del Tribunal Supremo, será Manuel Marchena, actual máximo responsable de la Sala de lo Penal, que dejará esta responsabilidad y no dirigirá el juicio a los líderes del procés.
A cambio de ceder la presidencia a una persona de línea conservadora, el PSOE se ha garantizado una mayoría progresista dentro del poder judicial. Los socialistas, con sus socios tendrán 11 vocales, y los populares, solo nueve.
Este juez tiene una larga trayectoria. Durante su etapa como miembro de la Sala de lo Penal del Supremo, Baltasar Garzón fue condenado por prevaricación y expulsado de la carrera. Además, en este tiempo fueron imputados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tuvieron que abandonar la política, e Iñaki Urdangarin y Rodrigo Rato acabaron en la cárcel al rechazarse sus recursos.
Tras este acuerdo, el Congreso propondrá ahora diez candidatos y otros diez los presentará el Senado, donde el plazo de presentación de candidaturas para el órgano de gobierno de los jueces permanecerá abierto hasta diciembre. El mandato de los vocales en activo del CGPJ finaliza el día 4 de ese mes.
De los veinte vocales del organismo, doce deben ser elegidos entre jueces y magistrados y los otros ocho entre «juristas de reconocida competencia», que son los que proponen directamente los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.
En el último proceso de elección, diez fueron propuestos por el PP y siete por PSOE. CiU, PNV e IU eligieron uno cada uno. Debido a la mayoría reforzada de tres quintos de las dos cámaras legislativas que exige la ley para elegir a los miembros del CGPJ, era imprescindible el acuerdo entre PP y PSOE.
