Este va a toda prisa camino del trullo y su problema es que todavía no se lo cree. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado a Josep Lluís Trapero por un delito de organización criminal y dos delitos de sedición por su rol en el proceso independentista ilegal, al servicio de los líderes secesionistas.
La magistrada le envía a juicio por la inacción de los Mossos d’Esquadra en el referéndum ilegal del 1 de octubre y por el acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre.
Según la juez, el antiguo jefe de los Mossos Trapero formó parte de una organización criminal para lograr la secesión por las vías ilegales.
El mayor dirigió a la cúpula policial de los Mossos, siguiendo un plan premeditado, para favorecer el referéndum ilegal, evitando actuar y enmascarando su inactividad en un supueso principio de proporcionalidad.
Lamela describe una auténtica organización criminal encabezada «bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña, el fugado y encarcelado en Alemania Carles Puigdemont.
Lamela advierte que los líderes secesionistas formaron un grupo jerarquizado, con reparto de roles y planificacion, con permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, con el plan ilegal de lograr la independencia catalana por la vía de los hechos.
Dentro de ese esquema, los Mossos se mantuvieron al margen de cualquier actuación de la Policía y la Guardia Civil destinada a impedir el «procés». Siguieron así la pauta anunciada pública y expresamente por el antiguo consejero de Interior, Joaquim Forn.
Lamela propone juzgar también a los superiores de Trapero, es decir, al exdirector general de la Policía de la Generalitat Pere Soler y al exsecretario general de Interior César Puig, así como a la intendente Teresa Laplana, en su caso, por los incidentes del 20-S.
En su auto, la magistrada de la Audiencia asegura que la actuación de los Mossos el día del referéndum «fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia».
Así, la policía autonómica siguió la pauta anunciada previa y públicamente por Forn, Soler y Puig y ejecutaron un «mandato político» con la connivencia del jefe de los Mossos, en «conexión directa» con los miembros del comité estratégico (procesados por el Tribunal Supremo).
«Simularon para el 1 de octubre un dispositivo engañoso y fraudulento conduciendo a sus subordinados a una dejación auténtica de funciones (…)».
Labores de espionaje
La juez desgrana de forma pormenorizada las acciones y omisiones destinadas al incumplimiento del auto judicial que prohibió la apertura de los colegios electorales: orden de no intervenir, claves en las comunicaciones e incluso el espionaje a las patrullas de la Guardia Civil o Policía Nacional el 1-O.
«No se trataba simplemente de informar de la actuación de los agentes de los citados cuerpos, sino que se trataba de un auténtica vigilancia (por parte de los Mossos) siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dasr prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos. De hecho se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada».
