Si el prófugo Puigdemont regresa antes de 20 años, será juzgado por todos los delitos imputados
Se va a hartar el golpista Puigdemont del aburrido invierno alemán y de comer mejillones en Bégica, porque como se le ocurra retornar antes de 20 años a España, será juzgado por todos sus delitos y pasará una larga temporada entre rejas.
El juez instructor del Tribunal Supremo encargado de la causa del procés, Pablo Llarena, ha decidido finalmente rechazar la entrega del prófugo Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación tras descartar el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein la extradición por los delitos de rebelión o sedición.
Llarena considera que Puigdemont fue el principal responsable de que el 1 de octubre se pusieran las urnas en colegios de toda Cataluña a pesar de que el Tribunal Constitucional lo había prohibido expresamente y de que el 27 de octubre se declarara unilateralmente la independencia.
A partir de ahora, el expresidente catalán por circular libremente por Europa, pero sí regresa a España será juzgado por todos los delitos que se le imputan.
Llarena ha emitido este 18 de julio de 2018 un auto en el que denuncia la «falta de compromiso» del tribunal alemán con unos hechos que, asegura, han violado el orden constitucional español y en el que, además, acuerda la retirada de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la orden internacional de detención contra Puigdemont y los otros fugados: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Todos ellos podrán circular libremente por el mundo, pero si regresan a España serán detenidos y juzgados por todos los delitos. El independentismo, en todo caso, ha celebrado la decisión y lo ha interpretado como una claudicación del juez.
La decisión de Llarena llega seis días después de que el tribunal alemán confirmarse el extremo que el Supremo español y la Fiscalía ya se temían. Conocida la noticia, el juez Llarena se vio ante varias hipótesis: rechazar la entrega parcial y obligar a Puigdemont a un ‘exilio’ de 20 años -el tiempo en que tarda en prescribir la rebelión-, recurrir la decisión alemana ante Europa y rechazar la entraga si no se le daba la razón o aceptar la extradición y juzgarlo en España, aunque fuera por el delito menos gravoso de los que se le achacan.
La tercera opción fue la que defendió implícitamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar el pasado viernes que lo importante es que Puigdemont se juzgado en España, sea por los delitos que sea.
Sin embargo, al Supremo no se le escapaba el riesgo que supondría: traer a Puigdemont acusado sólo por malversación podría desembocar en una pronta libertad provisional y en su vuelta a la presidencia de la Generalitat, además de provocar que sus subalternos el 1-O fueran juzgados por delitos más graves que él.
Aunque esta posibilidad contemplaba la rendija de juzgar a Puigdemont por rebelión una vez hubiese cumplido su condena por rebelión, Llarena decidió desestimarla y la gran duda de estos últimos días -el juez recibió ayer al fin la traducción del escrito del tribunal alemán- era si recurrir la decisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o presentar una cuestión prejudicial ante el órgano. Finalmente el juez lo ha descartado valorando la carga de razón que supondría para las defensas la inadmisión del recurso por parte de la instancia europea.
En su reproche al tribunal alemán, Llarena estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del TJUE, ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.
Para el juez español, el control de la doble tipificación por parte del Estado de ejecución debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania, y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsaría una investigación penal semejante a la que aquí se sigue.
«En tal sentido -argumenta Llarena- no resulta conforme con la Decisión Marco que se deniegue la tramitación de la orden de detención respecto de unos hechos principales de rebelión o sedición (limitándose el ejercicio de la jurisdicción española a la persecución del delito de malversación de fondos públicos), a partir de un análisis en el que las autoridades judiciales del país de ejecución no realizan una ponderación en abstracto del pronóstico de tipicidad sospechado, sino que abordan el definitivo juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales».
Una postura que suscribe la Fiscalía española. En un escrito emitido este jueves en el que rechaza la petición de libertad de Oriol Junqueras y los otros procesados en prisión preventiva -la habían solicitado al amparo de la decisión sobre Puigdemont-, el Ministerio Público ha acusado al tribunal alemán de «incumplir el marco jurídico» relativo a las euroórdenes.
Asimismo, Llarena sostiene en su auto que el tribunal alemán debió haber planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE, ya que, cuando existen dudas de interpretación de una norma de la UE, en este caso la aplicación de la euroorden, en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de posterior recurso judicial debido a su derecho interno, dicho órgano está obligado a formular la cuestión prejudicial al TJUE. Así, se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma garantizando el principio de igualdad en su aplicación en toda la UE.
Ahora la fiscalía alemana archivará la entrega de Puigdemont al ser retirada la euroorden.
«Si la orden europea de detención se retira oficialmente, esto significaría el cierre del procedimiento de entrega», ha explicado la portavoz del Ministerio Público alemán Wiebke Hoffelner.
