El Gobierno socialista retirará en el Consejo de Ministrosn del viernes el recurso a la ley de ‘abusos policiales’, que ampara indemnizaciones a miembros de ETA
Pedro Sánchez asoma la patita y comienza a pagar las facturas secretas que firmó con proetarras y golpistas (Pedro Sánchez intenta sobrevivir en La Moncloa saltando por encima del Tribunal Constitucional).
La presión del PNV y de los colectivos a favor del acercamiento de los presos ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez en su plan para trasladar a etarras a prisiones cercanas al País Vasco (Que el PNV quiera atender a sus sobrinos etarras es su problema, que lo haga el presidente socialista es vomitivo).
Los peneuvistas– cuyos cinco votos son esenciales para que la legislatura socialista prospere-han condicionado el apoyo al Ejecutivo a que los presos sean trasladados “cuanto antes” y así se lo han hecho llegar al Gobierno a través de los grupos de trabajo que avanzan esencialmente en cuestiones de autogobierno y política penitenciaria (El socialista Sánchez indemnizará con 390.000 € a los etarras que digan ser ‘víctimas’ de la Policía española).
La relación entre ambas administraciones, según confirmó este lunes el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, es “fluida” y “permanente”, aunque el Ejecutivo de Iñigo Urkullu entiende que es hora de concretar los compromisos adquiridos por el Ejecutivo socialista y que pasan, entre otros, por el acercamiento de los presos de ETA de más edad o con edades incurables. En torno a una veintena.
Presión del entorno etarra
La vía de presión no es la única. Las asociaciones de familiares de ETA también reclaman a Sánchez que acometa en las próximas semanas el acercamiento “real” de los presos para “no tener que estar escuchando cada dos por tres declaraciones sin que se den pasos”.
Estos colectivos ya han empezado a trasladar la tensión a las calles, convocando actos en los que no se reclama únicamente el acercamiento, sino la excarcelación de los presos de la banda.
El Gobierno de Sánchez, como cuenta Luz Sela en OKdiario este 31 de julio de 2018, dispone ya de datos actualizados sobre los presos etarras que estarían dispuestos a aceptar las “vías legales facilitadoras de su reinserción”, con vistas a proceder a un cambio en su tratamiento penitenciario.
Los informes han ido llegando en las últimas semanas a Interior en los últimos meses, después de que, en febrero, el anterior Gobierno requiriese a los directores de los distintos centros penitenciarios varios datos sobre los internos de ETA. Entre ellos, se solicitaba información sobre los presos que hubieran pedido progresión de grado, permisos o destinos, que hubiesen solicitado participar en programas de tratamiento y actividades o “cualquier otro indicio indicativo de aceptación de las vías legales facilitadoras de su reinserción”.
Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a retirar esta misma semana el recurso a la ley vasca de ‘abusos policiales’ que, entre otros, ampara indemnizaciones para terroristas que digan haber sido objeto de malos tratos por parte de agentes.
La decisión ha sido cuestionada tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional que declara disconforme a derecho y anula una norma casi idéntica aprobada en Navarra.
“El viernes, una vez conocida la sentencia [sobre la norma navarra], los gobiernos vasco y español contactaron de nuevo en la Comisión Técnica Bilateral y revalidaron el doble compromiso alcanzado a comienzos de semana: el Gobierno español retirará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca en el próximo Consejo de Ministros (3 de agosto) y el Gobierno vasco promoverá una reforma en la que se matizará, concretará y acotará la ley para reforzar las garantías jurídicas y constitucionales de esta Ley”, se puede leer en un comunicado emitido desde el Gobierno de Iñigo Urkullu.
