"El presidente socialista ha caído en la estrategia de los golpistas del procés catalán"

Jueces del Tribunal Supremo acusan al Gobierno Sánchez de dejar ‘vendido’ a Llarena para poder seguir en La Moncloa

Advierten que ahora el magistrado se trendrá que pagar un abogado que le costará miles de euros de su bolsillo

Jueces del Tribunal Supremo acusan al Gobierno Sánchez de dejar 'vendido' a Llarena para poder seguir en La Moncloa
El juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena EFE

Los jueces de la APM reprochan a Justicia que no defienda a Llarena sin reservas ante la demanda civil en Bélgica

El Tribunal Supremo considera que el Gobierno ha decidido no defender al magistrado Pablo Llarena de la demanda presentada por el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont y 4 exconsellers en Bélgica, para “mantener a Pedro Sánchez en el poder“.

Numerosos magistrados han acogido con estupor la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del instructor de la causa del procés, por lo que este departamento ha denominado «actos privados que se le atribuyen» en relación con la demanda civil que el fugado expresident de la Generalitat y exconsejeros golpistas han planteado contra él ante un juez belga.

Puigdemont y los independentistas declarados en rebeldía demandaron ante el tribunal belga “la presunta falta de imparcialidad y la vulneración de los derechos de los investigados por parte del magistrado“. Una demanda que formaría parte de la estrategia de los golpistas para desprestigiar la imagen de la justicia española a nivel internacional.

Consideran los jueces del Supremo que los investigados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de éstos, dejando «vendido» a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros.

Según han manifestado a Europa Press fuentes de este órgano, a Llarena se le ha demandado ante el juez belga por ser instructor de la causa del procés y no por otra cosa, si bien para conseguir sus fines las defensas de Puigdemont y sus consejeros buscaron unas manifestaciones del magistrado en un acto público que les permitieran decir que es demandado por actos «privados».

Justicia aclaró este jueves en un comunicado público que no se trata de defender personalmente al juez en alusión a parte del contenido de la demanda de Puigdemont que señala que Llarena no es imparcial por unas manifestaciones que habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. En dicho acto señaló que en la causa por el ‘procés’ independentista en Cataluña «no hay presos políticos».

Acusan a Sánchez de caer en la estrategia de Puigdemont

Para las fuentes consultadas por la agencia, todo ello no es sino una parte de la estrategia de los investigados para que su «intención dañina» pueda ser viable, pues no podrían cuestionar ante la justicia belga las actuaciones jurisdicionales de Llarena. Lo malo, añaden, es que con su decisión de distinguir entre defensa de la soberanía del poder judicial español y actos de Llarena el Gobierno ya ha «caído en su estrategia», pues renuncia a defenderle aceptando la demanda en el punto de que es por un acto privado.

La conclusión de todo ello es que si Llarena se quiere defender -pese a haber obtenido el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGP)-, esta misma semana tendrá que asumir el pago de un abogado que le costará miles de euros de su bolsillo, ya que si no lo hace quedará «vendido» a lo que resulte en Bélgica.

Por su parte la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece Llarena, ha mostrado también su más rotunda oposición a la decisión del departamento de Dolores Delgado y le ha reclamado que defienda a Llarena y a la soberanía española «sin reservas» y sin dichas «hipotéticas cautelas». Así lo ha señalado a Europa Press el portavoz de esta asociación, mayoritaria en la carrera.

«Mostramos nuestra profunda oposición a esta lectura y a esas hipotéticas cautelas a la hora de enfocar la defensa de este asunto -ha incidido-. Se debe actuar sin reservas porque se trata de defender no sólo a Llarena, sino la soberanía española».

Justicia explicó que no se trata de defender personalmente al juez en alusión a parte del contenido de la demanda de Puigdemont, que señala que Llarena no es imparcial por unas manifestaciones que habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero donde dijo que en la causa por el ‘procés’ independentista en Catalunya «no hay presos políticos».

«No existen declaraciones privadas, la demanda trata de desautorizar el sumario del Supremo en su conjunto», señala Celso Rodríguez, que añade que el magistrado Llarena no dijo nada que no constara en sus resoluciones judiciales en este procedimiento.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena, pero ha dejado claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.

Preguntada por la intervención del Gobierno en la demanda en Bélgica, la vicepresidenta ha sido tajante:

«Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el apoyo establecido en el ámbito de su propio poder, en este caso, el Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función».

No obstante, ha dicho que lo que sí le corresponderá al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y cuando la demanda sea admitida, es «defender la soberanía jurisdiccional de España», tal y como apuntó el comunicado de este jueves. «Eso sí le corresponde al Gobierno de España y eso sí lo va a hacer el Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia», ha reiterado Calvo.

Y ha argumentado que también le corresponde al Ejecutivo indicarle a cualquier otra justicia de cualquier otro Estado que «no se puede inmiscuir en los procedimientos de nuestro propio espacio, que tiene que ser inmune desde el punto de vista de la soberanía jurisdiccional de España».

En todo ello está el Ministerio de Justicia, ha recalcado la vicepresidenta antes de recordar que los poderes judicial y ejecutivo son «distintos e independientes».

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