Tiene más peligro que una banda de butroneros delante de una sucursal bancaria. El ex etarra y abogado del golpista Carles Puigdemont está contra las cuerdas al saberse que falseó una traducción para acosar al juez Pablo Llarena. Cuando creíamos que habían tocado el fondo del ridículo, hemos descubierto que piensan ponerse a escarbar.
El documento sustituye en la traducción del castellano al francés un condicional por una afirmación, que implicaría que el magistrado vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Pero no lo hizo. En la demanda presentada en Bélgica traducen el «si es que ha sido así» que pronunció el magistrado cuando hablaba de la comisión de delitos por un «sí, así ha sucedido». El juez está llamado a declarar el 4 de septiembre.
La transcripción incorrecta de las palabras del juez Pablo Llarena que sustentan la querella de Carles Puigdemont en contra del juez se debió a un «error» de traducción.
Es la versión de Gonzalo Boye, coordinador de la defensa de los dirigentes independentistas encausados, que ha negado cualquier «alteración» de las declaraciones del magistrado.
«Se lo vamos a preguntar al traductor y vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda», ha explicado el letrado, que ha lamentado el «exceso de nerviosismo y patrioterismo» que a su juicio hay en la polémica por la demanda del expresidente catalán.
Gonzalo Boye está contra las cuerdas y a punto de hacer un ridículo monumental. Ahora le echa la culpa al traductor de las palabras de Pablo Llarena, que son las que sustentan la querella, así ya tiene escusa ante los fieles de Puigdemont.#lasilenciosacathttps://t.co/wRn0TE0ubY
— Atletas unionistas (@Runnermachacon) 28 de agosto de 2018
Puigdemont acusa a Llarena de vulnerar su derecho a la presunción de inocencia por afirmar que en España no existen presos políticos y que los hechos imputados a los dirigentes soberanistas presos eran «comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal.
«Con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados», añadió el juez, pero en la querella se modifica el condicional por la expresión «sí, así ha sucedido»
BOYE, CONTRA LAS CUERDAS
Según Boye, Llarena afirma en las declaraciones objeto de la querella «bastante más de lo que se está contando». La querella del exmandatario llevará al magistrado a declarar el próximo 4 de septiembre, donde contará con respaldo legal del Estado después de que la presión de las asociaciones de jueces y fiscales forzara al Gobierno a proporcionarle apoyo jurídico pese a su rechazo inicial por entender que las declaraciones del juez pertenecían al ámbito privado y no a su labor profesional.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el proceso que llevará al banquillo a Llarena «no es una cuestión privada» sino «una cuestión de Estado», porque a su juicio está en juego «la soberanía de jurisdicción» de España.
CONDENADO POR EL SECUESTRO DE EMILIANO REVILLA EN 1988
Gonzalo Boye, ex editor de la revista Mongolia y secretario del consejo de administración del diario digital que dirige Ignacio Escolar, fue condenado a 14 años de cárcel por su participación en el secuestro del industrial Emiliano Revilla, perpetrado por ETA en 1988.–Las víctimas del terrorismo, indignadas con el Colegio de Abogados de Madrid por invitar a Boye a disertar sobre el Código Penal–
Los etarras mantuvieron al empresario encerrado durante 249 días en un zulo de apenas dos metros de longitud, excavado en un chalé próximo a la calle Arturo Soria de Madrid. Lo liberaron el 30 de octubre de 1988 después de que la familia pagara un rescate de más de 500 millones de pesetas (unos tres millones de euros al cambio actual).
La banda terrorista había «subcontratado» algunas labores de apoyo logístico del secuestro a Gonzalo Boye y otros dos ciudadanos chilenos que eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 18 de marzo de 2014 el periodista Alfonso Rojo reveló en ‘El Cascabel’ de 13TV que el juez Elpidio Silva le había exigido a través de su abogado 300.000 euros por unas informaciones publicadas en Periodista Digital.‘El Cascabel’ denuncia lo que pasa por hablar de Boye: «Te ponen 300.000 euros y amordazan a la prensa»
Alfonso Rojo: «A mí una cosa que me llama mucho la atención es, un país, el nuestro, en el que se participa en un secuestro y es condenado en firme y cumple sentencia por este asunto, pues el predicamento, el aire, el acogimiento, el cariño que le dedica buena parte de la judicatura y de la abogacía española».
«El objetivo no es ese, es la máquina de picar carne. El procurador, el abogado, y al final entre esta panda te colocan los 10.000 euros antes de salir de casa. Y al final te ves en los juzgados paralizado, si es que el solo temor a que te hagan arrastrarte por los juzgados te deja paralizado».
El exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, también manifestó su opinion de Boye:
«Esas personas que han sido condenadas por ello, lógicamente pueden tener una vinculación con los terroristas, llámale colaboración, participación o inducción. Y con una pena de diez años, aunque la haya cumplido y se haya rehabilitado, yo creo que como cuestión de historia y como cuestión de que ha ocurrido, no pasa ningún problema porque se cite en un medio de comunicación. No sé están haciendo opiniones particulares ni subjetivas de si una persona es más o menos terrorista, sino refiriéndose a una sentencia condenatoria en firme del Tribunal Supremo».
«El derecho de defensa está muy por encima de las ideologías, pero ciertamente no parece muy claro que cambie una persona de un lugar a otro con tanta rapidez. Creo que habría que ser más escrupulosos con ello, no me parece muy ético, pero es permisible».
«Lo mejor sería escuchar al señor Revilla, a ver si considera a los que le tuvieron secuestrado como terroristas o no, y oiríamos ahí a una víctima que es quien se tiene que manifestar sobre esto».
