FALSIFICÓ LA TRADUCCIÓN DE LAS PALABRAS DEL JUEZ

‘Caso Llarena»: Un eurodiputado denuncia al exetarra Boyé ante el ICAM por ofender la dignidad de la Abogacía

'Caso Llarena'': Un eurodiputado denuncia al exetarra Boyé ante el ICAM por ofender la dignidad de la Abogacía
El exetarra Gonzalo Boyé y el eurodiputado Enrique Calvet. CL

«Falsificar pruebas para dañar a un persona, la que sea, en un juicio, es tan grave como infame. Propio de sinvergüenzas golpistas o filoterroristas. Recuperamos dignidad y justicia».

Este fue el contenido del mensaje que Enrique Calvet, eurodiputado por el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, publicó el pasado 30 de agosto en su cuenta de Twitter, en referencia a la demanda presentada ante un Juzgado de Bruselas por cuatro abogados en nombre del expresidente catalán y los 4 exconsejeros fugados contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa del procés (El ex etarra Boye contra las cuerdas al destaparse que falseó la una traducción para acosar a Llarena).

Lo cuenta Carlos Berbell, director de Confilegal, este 2 de septiembre de 2018 (Emiliano Revilla, secuestrado por el etarra Boye hace 31 años: «No puedo perdonar»).

Ahora Calvet ha dado un paso más sustancial: Ha presentado una denuncia formal ante el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra el letrado Gonzalo Boyé, quien firma la demanda, junto a los abogados belgas Christophe Marchand, Michèle Hirsch y Paul Bekaert, el cual está colegiado en esta corporación de derecho público de la capital de España.

Según publica El Español, Calvet considera que las palabras del juez para hacerle decir lo que no dijo y acusarle, así, como de violar derechos de los procesados es una «ofensa grave a la dignidad de la profesión de abogado, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Abogacía española».

El eurodiputado recuerda que el Estatuto de la Abogacía obliga a los colegiados, en su relación con los tribunales, «probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones y manifestaciones».

«Boye ha sido el encargado de firmar la demanda presentada ante la Justicia belga por el fugado de la justicia española y presunto golpista Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuya defensa ha asumido el Estadoespañol».

«De acuerdo con la información facilitada por los medios, las declaraciones realizadas por el magistrado, en las que su colegiado basa la demanda, habrían sido alteradas deliberadamente para intentar facilitar su admisión a trámite por la Justicia belga, algo imposible si, como es de esperar, el tribunal se atiene a la literalidad de las declaraciones realmente realizadas por el magistrado».

Para Calvet, «la ofensa grave a la dignidad de la profesión se ve reforzada por el hecho de permitir que un acto deliberado y doloso tenga consecuencias económicas para el Estado español, que, como es lógico, ha asumido la defensa del magistrado demandado».

«De haberse producido la manipulación indicada, como parece, el colegiado habría incurrido en una infracción muy grave, como se recoge en el artículo 84 del Estatuto General de la Abogacía, pudiendo llegar a aplicarse sanciones disciplinarias que implicarían la suspensión del ejercicio de la Abogacía o la expulsión del Colegio profesional».

La Abogacía del Estado ha contratado al despacho belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, para que su socio, el doctor Hakim Boularbah, represente a España y al magistrado Llarena en la vista que tiene que tener lugar el próximo martes a las 9 de la mañana ante el titular del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Primera Sala.

Para este servicio, se ha destinado un presupuesto límite de 544.982 euros si bien este gran despacho cobraría según un «rate» horario. La cifra establecida es la frontera que no se puede superar y comprende muchas horas de trabajo.

Si el tema se inadmitiera, tras la vista mencionada del martes, las horas serán pocas y la factura a abonar por las arcas del Estado, muy bajo.

La denuncia de Calvet supone una «patata caliente» para el Colegio de Abogados, cuya Junta de Gobierno, capitaneada por el decano José María Alonso, tendrá que dar una respuesta a la misma.

Boyé es un letrado que guarda una estrecha relación con el ICAM (Hermann Tertsch le para los pies al ex etarra Boye por escupir sobre la memoria de su padre).

Boyé ha sido profesor, precisamente, en el curso de Práctica Procesal del Colegio que dirigía Jesús Andújar Urrutia(El exterrorista Gonzalo Boye se crece en la golpista Catalunya Radio con otro repugnante ataque a España) .

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