LAS COSAS DEL GOBIERNO SOCIALISTA Y SUS AMIGOS

Pedro Sánchez ordena a la Abogacía del Estado que no acuse de rebelión a los golpistas catalanes

El órgano dependiente del Ministerio de Justicia no incluye el delito de rebelión en su escrito de calificación

Pedro Sánchez ordena a la Abogacía del Estado que no acuse de rebelión a los golpistas catalanes
Pedro Sánchez (PSOE) y el independentista Quim Torra en las redes sociales. EP

Es parte del duro peaje que tiene que pagar Pedro Sánchez a proetarras vascos y separatistas catalanes para que le dejen seguir unos meses más en La Moncloa (Ni España ni los españoles se merecen a Pedro Sánchez y este Gobierno de mierda).

La Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, acusará a los líderes del proceso independentista ilegal solo por los delitos de sedición y malversación, dejando fuera de sus tesis la rebelión (El terrorífico vídeo del PP para celebrar Halloween con los fantasmas Sánchez e Iglesias ).

Con esta decisión, el Gobierno Sánchez lanza su guiño político a los partidos independentistas, a quienes necesita para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (El ‘okupa’ Pedro Sánchez paga peaje a los proetarras para que le dejen seguir en La Moncloa).

Esta decisión choca con la posición de la Fiscalía, que prevé atribuir el delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal, a nueve antiguos líderes del secesionismo (El socialista Sánchez plagió su tesis y repetirá estafa con España).

El Ministerio Público sí considera que el plan independentista ilegal asumió los brotes de violencia, que tuvieron lugar en el acoso a la Guardia Civil y el referéndum ilegal, como un medio para alcanzar la secesión.

En elescrito también atribuye a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, la condición de «dirigente».

Esto supondrá una petición mayor de pena para él en la acusación de la Abogacía, que renuncia a la rebelión.

LAS DUDAS DEL OKUPA

Por el momento, Pedro Sánchez no se ha atrevido a dar el paso más arriesgado, el de presionar a la fiscalía. Esta posibilidad se ha descartado porque tendría un coste enorme para el Gobierno.

De hecho ya se han producido las primeras críticas por parte de los partidos de la oposición.

La Fiscalía General del Estado tiene total autonomía y así ha redactado sus conclusiones provisionales del caso. Las fuentes fiscales consultadas señalan que el departamento que dirige María José Segarra mantendrá la calificación de rebelión, un delito recogido en el artículo 472 del Código Penal que castiga a los que se alcen «violenta y públicamente» para una serie de fines, entre ellos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Se atribuirá a los nueve procesados que están en prisión preventiva, aunque entre ellos la fiscalía establecerá distintos niveles de responsabilidad.

En el primer nivel estará Junqueras, a quien el ministerio público considera, junto a Carles Puigdemont, el principal responsable del desafío independentista unilateral. Los investigadores le otorgan un papel esencial en el inicio del procés (considerado en la causa como la firma el 19 de diciembre de 2012 del acuerdo entre Artur Mas y Junqueras que llevó al primero a la presidencia de la Generalitat), en el tramo intermedio (por impulsar desde la Vicepresidencia el plan secesionista) y al final (la declaración unilateral de independencia).

Este protagonismo se traducirá en una petición de penas superior al del resto de procesados, que puede rondar los 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravado con malversación.

Niveles de responsabilidad

Ambos delitos se atribuirán también a los otros cinco exconsejeros de Puigdemont encarcelados (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa), pero la fiscalía les sitúa en un segundo nivel de responsabilidad y la petición de penas oscilará entre 15 y 20 años de prisión. Y de 10 a 15 años para los tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Jordi Cuixart) solo por rebelión.

En el tercer bloque de responsabilidad estarán los tres exconsejeros a los que la fiscalía deja fuera de la rebelión pero prevé acusar de malversación y desobediencia (Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila). La petición de pena para ellos podría llegar a los 12 años, pero se reduciría si devuelven el dinero supuestamente desviado a fines ilícitos.

El resto de procesados (los exmiembros de la Mesa de Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya) solo serán a acusados de desobediencia y no se pedirá para ellos penas de cárcel, pero sí de inhabilitación.

Además, la fiscalía de la Audiencia Nacional acusará al responsable de los Mossos Josep Lluís Trapero y a los responsables políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig por rebelión por los hechos del 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía.

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