La condena le cae al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, después de que el pasado mes de diciembre, el Tribunal de Cuentas ordenarael embargo de su vivienda y de otros bienes de los demás implicados para hacer frente a la fianza de 5,27 millones de euros. (Artur Mas, pillado en un yate de lujo: «Los que pusisteis pasta para su fianza, mostrad vuestra cara de gilipollas»).
Ahora, tendrá que pagar de forma solidaria con otros nueve miembros del Govern 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
Además de Mas, también tendrán que afrontar partes menores de este pago la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, así como cargos funcionariales de la Generalitat.
El tribunal estima las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución.
La cantidad es más elevada en el caso de Rigau, exconsejera de Enseñanza, (2,8 millones) porque su departamento compró los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votación de aquella jornada.
E el caso de Homs, exdiputado en el Congreso, se le atribuye responsabilidad por un total de 1,9 millones que incluyen la campaña de publicidad institucional de la consulta y el envío de correo postal a la ciudadanía.
