La matanza de Atocha de 1977 fue un brutal atentado terrorista cometido por la extrema derecha en el centro de Madrid la noche del 24 de enero de 1977, cuando Franco llevaba dos años muerto y nacía entre convulsiones un régimen democrático en España. (El discurso de Inda que revienta vivos a Rico, Palomera y Prat: «La Transición se hizo sobre el perdón, y ahora vosotros habéis resucitado esto»)
Casi un cuarto de siglo ha estado fugado uno de los asesinos de la matanza de Atocha, que acabó con la vida de cuatro abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista y un trabajador de CCOO, pero la Policía Nacional finalmente le ha dado caza cerrando así uno de los capítulos más oscuros de la Transición española, según La Vanguardia. (Muere Alfonso Osorio, un personaje clave de la Transición española).
El ultraderechista Carlos García Juliá había conseguido escapar de la Justicia española tras ser condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de cárcel por 5 asesinatos y otros 4 asesinatos no consumados.
Durante más de veinte años ha estado moviéndose por varios países latinoamericanos escapándose de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La principal razón para que haya costado localizarle es que habría utilizado varias identidades falsas. Es más, un trabajo conjunto entre Policía española y la Policía Federal brasileña llevó a determinar que la identidad utilizada por García Juliá no era sino la de otro ciudadano con el que tenía un cierto parecido.
Tras un seguimiento de varios meses y una titánica labor de los investigadores españoles, pudieron determinar que este exmiembro de un comando ultraderechista vivía con una identidad falsa en Brasil y concretamente en Sao Paulo.
Con una orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional, finalmente se le consiguió arrestar en la ciudad brasileña este miércoles. El siguiente paso será ahora extraditarle a España para que finalice los aproximadamente diez años de condena que le quedan pendientes.
A pesar de que los hechos por los que fue condenado son de hace 41 años, García Juliá tiene 63 años porque cuando disparó el gatillo y mató a cinco personas más todas las que resultaron heridas en la conocida como ‘matanza de Atocha’, era un joven de tan solo 22 años.
Ahora no sólo se enfrenta a la pena que tiene pendiente por cumplir sino que podría enfrentarse a nuevos delitos por sustraerse de la Justicia durante más de veinte años y el uso de identidades falsas, según sostienen estas mismas fuentes.
Ahora, una vez pase a disposición de la Justicia brasileña, desde la Audiencia Nacional se comenzarán los trámites para reclamar su extradición a España.
García Juliá era uno de los principales objetivos del Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional y su apresamiento era clave para cerrar definitivamente los crímenes de Atocha, considerados por algunos de los que vivieron aquellos sucesos como una de las grandes incógnitas de la historia de España.
El periplo de este reo ha sido digno de película. Tras ser detenido en 1977 y condenado 3 años después, se pasó en la cárcel 15 años.
Sin embargo, este ultraderechista consiguió que un juez le concediera la libertad condicional doce años después de que se dictara la sentencia a pesar de que pesaba sobre él 193 años de cárcel.
No solo eso, ese mismo magistrado le permitió salir de España para un permiso de trabajo y fue entonces cuando ya nunca regresó.
La Justicia española le perdió la pista hasta que años después se descubrió que había sido arrestado en Bolivia por un delito de tráfico de drogas.
Para cuando la Audiencia Nacional quiso iniciar los trámites para que fuera extraditado a España, García Juliá ya se había vuelto a fugar y su rastro de nuevo se esfumó.
Durante más de diez años se perdió su pista hasta que en 2017 la Policía Nacional obtuvo indicios de que su paradero podría estar en uno de los países sudamericanos donde estaría escondido con una o varias identidades falsas.
Activaron todos los mecanismos policiales y judiciales hasta concretar que podía hallarse en Brasil. Durante meses, un trabajo conjunto de las autoridades españolas y brasileñas coordinadas por sus respectivas oficinas nacionales de Interpol han permitido finalmente que García Juliá puede volver a prisión.
La matanza de Atocha de 1977 fue considerado un atentado terrorista cometido por una organización de extrema derecha el 24 de enero de 1977.
La sentencia de la Audiencia Nacional determinó que los acusados Francisco Albadalejo -secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FET de las JONS-, Fernández Cerrá, García Juliá y Jiménez Caravaca constituían un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España».
Aquel día, los asesinos -pertenecientes a la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A)- acudieron al despacho de abogados en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, -cabecilla del Sindicato de Transportes-. Al no encontrarse, ordenaron a los allí presentes que se pusieran contra la pared para acabar ejecutando a cinco de ellos.
Se trataba de un despacho especializado en la defensa de los trabajadores. La idea era convertirse en alternativa al único sindicato falangista vertical de la época y formaban parte de él algunos personajes hoy conocidos como la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La matanza provocó un paro inmediato de todos los trabajadores, así como la primera manifestación masiva tras el Franquismo. A pesar de que hubo una sentencia condenatoria, a día de hoy siguen abiertas las dudas de quién realmente ordenó el asesinato.
Para los comunistas, el asesinato fue un intento de la extrema derecha para desestabilizar la situación frenar el proceso de democratización iniciado por Adolfo Suárez y que posteriormente llevó a la legalización del Partido Comunista.
Por su parte, la tesis de la extrema derecha es que se trataba de una operación ideada por los servicios secretos españoles para presentar a los comunistas como víctimas y conseguir el apoyo de la opinión pública y legalizarlos.
Jurídicamente, los hechos probados sostienen que se trataba de un grupo que quiso actuar contra el líder que había apoyado una huelga del transportes.
Personas que vivieron de cerca aquel suceso sostienen que con la detención de García Juliá se podría averiguar si fue un grupo que actuó en solitario o si fueron el brazo ejecutor de otra organización.
