Tribunal Supremo ha acordado multar con 2.500 euros a los ex diputados de la CUP Antonio Baños y Eulalia Reguant, después de que ambos se negaran este 27 de febrero de 2019 a responder, lo que es obligatorio para los testigos, a las preguntas que le iba a realizar el abogado de la acusación popular ejercida por VOX.
Asimismo, el tribunal les ha dado una segunda oportunidad y ha establecido un plazo de cinco días para que vuelvan a testificar.
En el caso de que se negaran otra vez, el tribunal procederá penalmente contra ellos enviando su caso al juzgado ordinario para procesarles por desobediencia al tribunal.
La decisión en el caso de Baños, que ha obligado al tribunal a parar la sesión durante unos segundos, se ha tomado después de que éste se haya mostrado también en contra de una solución inédita con la que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha tratado de salvar la situación, proponiéndole que contestara al abogado Javier Ortega Smith pero con las mismas preguntas replicadas por el propio juez.
Baños ha insistido en que no iba contestar a Vox «por dignidad democrática y antifascista».
Lo que ha llevado al tribunal a suspender su declaración, dando paso a Reguant, que era la siguiente testigo de la lista. Ella tampoco ha querido declarar, asumiendo las consecuencias que pudieran derivarse.
En su caso, ha explicado que Vox era un partido «de extrema derecha, machista y xenófobo».
Obligados a declarar por ley
Los testigos de los procesos judiciales están obligados por ley a declarar ante el tribunal que los convoca. En caso de no hacerlo, como ha sucedido con los diputados de la CUP, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), en su artículo 420, prevé multa y una posible persecución penal por desobediencia grave a la autoridad.
«Sepa que no responder a las preguntas de la parte puede tener consecuencias penales para usted que este tribunal no quiere poner en marcha», ha advertido el presidente del tribunal, Manuel Marchena a Baños.
No obstante, tanto él como Reguant han mostrado su deseo de no declarar «asumiendo las consecuencias», en palabras de la ex diputada.
El Código Penal determina en su artículo 555 que quienes desobedezcan gravemente a la autoridad podrán ser castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 18 meses.
Y, además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal plantea que quienes se nieguen a declarar incurrirán en multa de 200 a 5.000 euros, además de la posible persecución por desobediencia.
En este caso, la multa ha ascendido a 2.500 euros. Y en cuanto a la desobediencia, les ha dado una segunda oportunidad para declarar.
