Cada día se les pone más negra la cosa a los golpistas catalanes (Albert Rivera ficha para CS al abogado del Estado que destituyó Sánchez por defender que hubo rebelión en el ‘procés’).
Como dice alguno, eran y suelen ser muy gallitos en el Parlamento de Cataluña, donhde se permiten todo tipo de abusos y tropelías, pero ante los jueces del Tribunal Supremo, donde se juzga a los principales responsables del procés ilegal que no han huido al extranjero, parecen hasta asustados (Diario del juicio del ‘procés’: los mandos de los Mossos señalan a Puigdemont y a los golpistas en el banquillo).
Y cada día saltan nuevas sorpresas.
Nueva y grande es que la Guardia Civil vio a Quim Torra en la nave industrial donde se incautaron 9,89 millones de papeletas del referéndum ilegal en el otoño caliente de 2017.
Un agente que participó en las labores de investigación ha declarado este miércoles que observaron a varias personas «entrar y salir» de la sede de la empresa Bigues i Riells, ubicada en un polígono industrial del interior de la provincia de Barcelona.
Es la primera vez que el nombre de Torra, el actual presidente de la Generalitat, se pronuncia en el juicio contra los líderes del «procés» en el Tribunal Supremo.
La presencia de Torra, según un informe de la Guardia Civil que consta en la investigación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, fue observada el 2 de septiembre de 2017, durante las labores de vigilancia de dicho lugar.
Aquel día, varias personas entre las que se encontraba Torra introdujeron en Bigues i Riells cajas de cartón y diverso material, según el informe policial. El informe de la Benemérita alude en el informe a Torra, que entonces no era ni candidato, como miembro del consejo permanente de la ANC y vicepresidente de Òmnium Cultural.
Esa empresa fue registrada finalmente el 20 de septiembre, en una operación en la que se arrestó al dueño de las naves, Pau Furriol, y que trató de ser entorpecida por los militantes independentistas que se concentraron en la nave, una tónica habitual aquella jornada en todos los lugares donde actuó la Policía en Cataluña.
El agente que dirigió el registro en aquel lugar el 20-S, el día en el que el juez ordenó hasta 40 operaciones en la investigación contra la preparación del referéndum, ha relatado este miércoles los obstáculos y problemas con los que se enfrentaron.
Ha explicado que un grupo de personas trató de impedir la salida del letrado de la administración de justicia, que pidió un pañuelo para ocultar su rostro.
«Cuando sale el vehículo recibe golpes, patadas», ha señalado el guardia civil, que ha narrado que tuvieron que convencer a los manifestantes que en ese coche iba el secretario judicial y que ahí no se trasladaba el material incautado.
Según el testimonio de este guardia civil, otro más que apuntala la tesis de la violencia contra las actuaciones judiciales y policiales, se llegaron a concentrar en torno a dos o tres centenares de personas.
Su presencia complicó la salida de la caravana judicial, ocho furgones cargados hasta arriba con los casi diez millones de papeletas, a una velocidad muy lenta. Algunas personas se colocaron «delante de las ruedas» para bloquear el paso, ha relatado el testigo, que ha aludido a «gritos, insultos, lanzamiento de latas y botellas de plástico, una actitud totalmente hostil».
Ha señalado incluso que una persona fingió incluso un atropello y ha celebrado que «afortunadamente» no hubo daños personales, solo algún daño en los coches.
El mismo agente ha declarado también sobre la investigación de las llamadas estructuras de Estado que los líderes secesionistas pretendían levantar para poner en marcha una Cataluña independiente por las vías ilegales, y sobre el rol de los Mossos d’Esquadra, asuntos en los que participó en su labor investigadora.
Ha asegurado que la hoja de ruta del plan secesionista ilegal preveía una adaptación de los Mossos al nuevo escenario con la asunción de nuevas competencias.
Según el agente, así se preveía en numeroso material incautado en las operaciones policiales: un documento requisado en el despacho del antiguo secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó; en la agenda Moleskine y el documento Enfocats incautado en el despacho de Josep María Jové; y en un informe de enero de 2017 sobre las consecuencias jurídicas para los mossos si sus agentes actuaban en sintonía con los planes de los líderes del desafío ilegal.
Dentro de esa preparación del plan ilegal, el agente ha citado una reunión de junio de 2016 en la que estuvo la plana mayor del «procés» y en la que ya se planteó tomar el camino unilateral para lograr la secesión por las bravas.
«En una agenda que se interviene al señor Jové aparece una reunión que tiene lugar en junio de 2016 en la que estuvo Artur Mas, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, Marta Rovira y el señor Raül Romeva.
Hay una anotación que dice que el Estado español no está respondiendo a sus requerimientos, deciden optar por la vía unilateral y hay que tener cuidado con tres organismos: la Administración General del Estado, la Administración local y los Mossos d’Esquadra».
Salida por el parking
Otro brigada de la Guardia Civil, que participó en los registros de tres altos cargos de la Consejería de Trabajo, relató ante el tribunal cómo aquel 20 de septiembre la multitud fue concentrándose a las puertas de este departamento a medida que avanzaba el registro.
«No podíamos abandonar sin que hubiera algún tipo de conflicto con estas personas», algunas de ellas funcionarios de la propia consejería que salieron a la calle a protestar contra la presencia de la comitiva judicial en el edificio. Ante el riesgo que podía entrañar la salida por la puerta principal se propuso abandonar el edificio por el parking que la Consejería de Trabajo comparte con el edificio anexo».
Este testigo también ha relatado la participación activa de la exconsejera Dolors Bassa en el plan secesionista, y ha aportado al tribunal información sobre correos electrónicos que se le interceptaron en los que un día después de los incidentes del 20-S felicitaba a los trabajadores por su reacción y les animaba «a seguir con firmeza y constancia».
También ha desvelado que Bassa envió un correo al secretario general de CC.OO., Javier Pacheco, con motivo de la votación ilegal del 1-O en el que le adjuntaba la ley y las normas complementarias del referéndum.
El brigada ha ratificado en el juicio que los altos cargos sobre los que se produjeron los registros tenían en su poder documentos relacionados con la sucesión jerárquica de leyes, la centralización de tributos estatales o la nueva agencia catalana.
