Política
El juez Marchena y el mosso Albert Donaire. EP

Entró como un tigre y a los cinco minutos estaba como un gatito asustado (Tribunal Supremo: Mossos de a pie hunden la fábula del golpe de Estado cívico y pacífico).

Con el mismo descaro con el que se puso al lado de la Generalitat ante la convocatoria del referéndum ilegal, manifestando en distintos tuits y foros que no pensaba retirar «ni una sola urna», Albert Donaire se ha presentado este miércoles ante el tribunal del «procés» (La independentista TV3 pagó 140.000 euros a la productora de Roures por una trilogía sobre el 'procés').

Con lo que no contaba el agente proindependentista es con se iba a dar de bruces con la mano firme del presidente Manuel Marchena, que no ha tardado ni un minuto en recordar al mosso las reglas del juego.

El agente ha empezado su intervención manifestando su negativa a declarar y exigiendo que se le llamara por su nombre y apellido y no por su número de identificación (como se ha hecho con sus compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado precisamente para preservar su identidad).

A preguntas del abogado de Vox sobre la autoría de distintos chats y mensajes en los que alentaba a la ilegalidad, el mosso ha respondido:

«Juraría que no soy yo el juzgado aquí».

Marchena ha reaccionado al instante:

«No confunda el escenario, usted ha sido citado como testigo, es un agente de la autoridad y está ahora ante la autoridad judicial. Como agente de la autoridad debe saber cuál es el papel de un testigo en un juicio penal».

LOS DETALLES

Manuel Marchena llamó al chuleta Donaire con su número de identificación, 17130.

Pero la cosa comenzó ya mal. Explicó que está procesado por calumnias y contestó en un castellano mezclado con catalán. El interrogatorio arrancó con Javier Ortega Smith, de Vox.

"¿Se cuadró ante una estelada con el uniforme de los Mossos?", preguntó el del partido de Abascal.

Y vino la primera respuesta desabrida: "Creo que no se me está juzgando a mí", respondió impertinente.

El presidente intervino en ese punto y lo que hizo, hablando en plata, fue ponerle en su sitio.

A partir de ahí, y pese a que avanzó que tenía intención de "denunciar" un juicio que considera una farsa, todo fue como la seda. Explicó que su asociación está vinculada a la ANC pero que él no conoce a Jordi Sànchez.

"Nunca le he visto". Respecto a su papel durante el 1-O, indicó que su tarea "como 'mosso" fue respetar siempre las resoluciones que indicaban que no debían actuar si esto causaba un daño mayor a la población, así como intentar cumplir la Constitución.

Pero, eso sí, los tuits polémicos que le citaba Vox no los recordaba. Pasó el turno de Ortega Smith y tomó el mando el fiscal Javier Zaragoza. En respuesta al del Ministerio Público, trató de minimizar las conversaciones del chat de la asociación independentista que dirige.

"Decimos bromas y cosas así". "Deu, moltes gracies", se despidió. Y eso fue todo. En respuesta a la defensa de Forn, quedó claro que el grupo es en realidad algo residual.

Nada que ver con las intenciones que fue relatando en Twitter. Desde primera hora de la mañana de este miércoles, fue anticipando cosas que al final no se atrevió a llevar a cabo.

Dio los buenos días con un "comienza a clarear en Madrid y vistas sobre el Tribunal Supremo. Estoy aquí por ellos. Estoy aquí por vosotros. Estamos aquí en nombre de la verdad. Somos y seremos". Pero ante los magistrados, el líder de los 'mossos' independentistas se fue deshinchando. Hasta desaparecer.

Antes de la declaración de Donaire declararon tres responsables de Unipost, la empresa de mensajería a la que la Generalitat encargó el reparto de los sobres y papeletas del 1-O.

Ni el presidente del Consejo de Administración ni el director financiero arrojaron luz alguna sobre este encargo que ascendía a un montante de un millón de euros, aunque al segundo sí consiguió arrancarle la fiscal Consuelo Madrigal la confesión de que un mismo día se hizo una factura que fue anulada al instante y recuperada en el sistema como «proforma».

Solo el responsable de una delegación de Barcelona reconoció que el encargo de la Generalitat -que obligó a parar todos los trabajos en marcha para centrarse en este- no sentó bien a los trabajadores, porque la empresa estaba en una situación delicada (de hecho entró en concurso) y coger este encargo podía traerles problemas con clientes de fuera de Cataluña.

«La filosofía era: ¿cómo nos metemos en este lío con la situación en la que estamos?».