Política
Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio; Vicent Sanchis, director de TV3. EP

Están por todos lados y algunos pasan desapercibido, aunque no estos (El arzobispo de Tarragona apoya a los 'golpistas' catalanes: "Lo de los presos del procés es un drama")

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, que procese también por organización criminal a 28 de los investigados, entre ellos el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalidad, Antoni Molons; a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y a excargos del Diplocat (La TVE de Rosa María Mateo expulsa a VOX del debate europeo y de propina incluye a los golpistas catalanes).

Según un recurso de reforma al auto de procesamiento presentado ante el Juzgado, recogido por Europa Press, el Ministerio Público pide procesar por organización criminal a altos y ex altos cargos como Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Albert Royo, Amadeu Altafaj y Natàlia Garriga, entre otros (Losantos reparte hostias al Papa Francisco y a la Conferencia Episcopal por sus guiños a los golpistas catalanes).

La Fiscalía considera que una organización criminal es "cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas" (Sánchez es el mejor heredero de la política del atajo, la rendición y la mentira de Rubalcaba: claudicará ante los golpistas como lo hicieron con la ETA).

Incluye a estas 28 personas como las que "de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña" mediante aportación individual y jerarquizada.

El 9 de abril, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó a 30 investigados en la causa abierta por los preparativos del 1-O en 2017, la mayoría de ellos ex cargos públicos del Govern de Carles Puigdemont -algunos siguen en la Generalidad-.

La magistrada titular había adoptado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, tras más de dos años de instrucción iniciada por el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer.

La juez fijó en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.