Este 12 de febrero de 2019 se cumplen 14 años del mayor incendio registrado en décadas en la capital de España, el del rascacielos Windsor (El juez García Castellón ve ‘innegable’ que ‘El Gordo’ formaba parte de la ‘organización criminal’ de Villarejo).
Un incendio que se investigó policial y judicialmente sin concluir nada más que se trató de un desafortunado accidente provocado por una colilla mal apagada y un cúmulo de mala suerte, pero todavía rodeado de misterios (‘La comilona del Rianxo’: momentos gore en el festín de la ministra con Villarejo).
Y a esos misterios se suma la figura del comisario José Manuel Villarejo, con unos documentos inquietantes que este martes publica el portal moncloa.com y aquí reproducimos (El juez Garcia Castellón amplía la instrucción 18 meses más y mantendrá encerrado a Villarejo).
Los documentos se enmarcan dentro de la operación llamada Trampa por el propio Villarejo, en la que supuestamente estaba ayudando a Francisco González (FG), presidente del BBVA a mantenerse a salvo de lo que denominaron el Grupo Hostil, compuesto por los empresarios Luis del Rivero y Juan Abelló, además del ex ministro de Industria socialista Miguel Sebastián, que era entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa. Este «Grupo Hostil» presuntamente quería desbancarle de la presidencia de una de las dos mayores entidades bancarias de España (Villarejo ofrece no revelar ‘información sensible’ si lo sueltan).
En aquella época, la Fiscalía Anticorrupción investigaba la venta de la cartera de valores de Francisco González a Merryl Linch, llamada FG Valores. Aquellos documentos estaban en poder de Deloitte, la auditora cuya sede principal estaba ubicada en muchas de las plantas del Windsor.
Supuestamente, o al menos eso se arguyó tiempo después del incendio, no había más copias que las custodiadas en aquel edificio. Precisamente, un día antes de aquel sábado de 2005 en que se produjo el incendio, la Fiscalía había pedido a Deloitte una copia de aquellos documentos.
En sus informes sobre la operación de apoyo a FG, Villarejo dejó por escrito lo que iba a ser una «acción final» sobre los documentos comprometedores:
«Eliminar rastros documentales de la firma de auditoría DEL., intento de sustitución de soportes documentales originales, en su defecto eliminación física de los mismos. Sin comunicar ni fecha ni procedimiento del sistema operativo para conseguir su destrucción».
En un documento posterior, pero casi calcado al primero, Villarejo cambia el concepto de «acción final» por una «nota final», con el asunto ya despachado.
«Parte de las actuaciones […] no se han archivado por motivos de seguridad. El objetivo de este proyecto se ha cumplido totalmente, por lo que este GIA (Grupo de Inteligencia y Análisis) ya ha finalizado su cometido».
LO QUE CUENTA MONCLOA.COM
Lo que no se sabía entonces es que el BBVA de Francisco González había contratado al comisario José Manuel Villarejo. Tampoco era conocido hasta qué punto usó sus servicios para desestabilizar el asalto de Sacyr y neutralizar los ataques que pudiera recibir, como han revelado los documentos publicados por MONCLOA.COM.
El banco de Francisco González no contrató a los mejores asesores financieros para defenderse del ataque. Contrató los servicios de un policía, que desplegó un impresionante dispositivo para controlar comunicaciones telefónicas, realizar seguimientos personales e intentar extorsionar a aquellas personas que consideraba relevantes en la operación.
BBVA pagó a Villarejo, solo entre 2012 y 2017, unos cinco millones de euros. Una cantidad altísima, abonada incluso cuando el comisario ya estaba en prisión, que ahora cobra un nuevo sentido a la luz el documento sobre la «acción final», que pone el foco sobre el incendio del Windsor.
Los pagos de los años anteriores no están claros aún, aunque MONCLOA.COM publicó borradores de contratos por este proyecto de investigación por al menos 510.000 euros.
Tampoco se sabía entonces que este despliegue defensivo estaba protagonizado por quienes habían tenido altas responsabilidades en la Policía. Villarejo, como atestiguan los documentos, trató de estos trabajos para el BBVA con su jefe de seguridad, Julio Corrochano, que había sido comisario de la Comisaría General de Policía Judicial.
Curiosamente, otro expolicía consiguió ampliar los contratos que sus empresas tenían con El Corte Inglés. Fue gracias a lo que se conoció como el acuerdo Windsor, al que llegaron las aseguradoras y las empresas de seguridad afectadas por el incendio.
Se trataba de Juan Carlos Fernández Cernuda, que era también jefe de seguridad de los grandes almacenes. Tras el incendio, El Corte Inglés compró el solar del Windsor para ampliar sus locales comerciales.
Quiénes salieron ganando con el incendio del Windsor
Tras la extinción del incendio del Windsor se produjo una guerra entre perjudicados y demandados para resarcirse de las pérdidas económicas. Los perjudicados están claros. Pero, ¿a quién benefició el siniestro? Al final, los principales beneficiados fueron la familia Reyzábal, dueña del edificio;…
Ahora sabemos, por los documentos a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, que Villarejo presuntamente quiso destruir o reemplazar los documentos de la auditoría de Deloitte, como indica la nota escrita sobre «Firma de Auditoría DEL».
Este era uno de los principales objetivos de su trabajo. Durante el encargo del BBVA, el comisario se dedicó a conocer con detalle los pasos que dieron los protagonistas de la denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), construida sobre esta documentación. Anular la potencia de fuego del enemigo era fundamental en esta guerra.
De ahí que Villarejo se empeñara en retirar del camino tan serio obstáculo para la trayectoria de Francisco González. Para ello llegó a espiar conversaciones de miembros del grupo PRISA (la cadena SER llevó a la CNMV documentos de Merril Lynch sobre las presuntas irregularidades) o realizar seguimientos al vicepresidente de este organismo regulador, Carlos Arenillas.
Según una grabación que publicó en su día MONCLOA.COM, el jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, le indicó a Villarejo que tenía que ser más conciso en los informes que entregaba, porque «mi presidente» no tenía tiempo para leer nada más que la relación de acciones que había llevado a cabo.
De lo que se trataba era de dar cuenta del resultado concreto del trabajo realizado. El fruto de esa orden fueron los documentos con el título de «sinopsis» que elaboró Villarejo. En ellos hizo una relación de actuaciones realizadas para el BBVA, en las que incluyó los contactos, infiltraciones, penetraciones, acercamientos, vigilancias, análisis y viajes, control de comunicaciones (unas 16.000 llamadas), acciones de boicot, control de riesgos críticos e informes.
Estos folios contienen todo lo realizado por un dispositivo que, según otros papeles de Villarejo, tenía unos recursos impresionantes, entre los que destacaron ocho equipos de personal especializado, doce coches, cinco motos y material electrónico para grabaciones y vigilancia y control.
La extensa y desordenada documentación de Villarejo, a la que ha tenido acceso este medio, ha sido expurgada hasta acceder a aquellos papeles donde explicó al detalle tanto el operativo montado al servicio del BBVA como los resultados de sus operaciones.
Entre los documentos publicados ya hace un mes por MONCLOA.COM se encontraba una sinopsis en la que aparecía un misterioso párrafo (pinche aquí para leer el documento) que, por sí sólo, no indicaba más que Villarejo había realizado acciones secretas de las que ni siquiera quería hacer referencia en los documentos presentados al banco. En principio, no parecía posible conocer a qué acciones se refería.
Así, el informe de Villarejo dice -respetando su puntuación y mayúsculas usadas-: «Esta sinopsis no pretende ser del todo exhaustiva, toda vez que PARTE de las ACTUACIONES realizadas y de los DATOS FACILITADOS no se han archivado por obvias MEDIDAS DE SEGURIDAD (Por ello no pueden ahora recogerse exhaustivamente).»
El comisario da cuenta de que «El objetivo de este proyecto se ha CUMPLIDO TOTALMENTE, por lo que este GIA ya ha FINALIZADO su cometido».
Las siglas GIA se corresponden a lo que denominó Grupo de Inteligencia y Análisis, su equipo de trabajo en esta misión encomendada por el BBVA.
En todo caso, el trabajo iba a continuar. Villarejo señaló que «no obstante (y por deferencia hacia T), se continuará la labor hasta conseguir el máximo de las nuevas actuaciones solicitadas (por ahora pendientes)». ‘T’ o también ‘Tommy’ es identificado en la documentación de Villarejo sobre este caso como Julio Corrochano, el jefe de seguridad del BBVA en aquel momento y la persona con la que Villarejo despachaba.
Posteriormente, la investigación realizada por MONCLOA.COM ha descubierto un nuevo documento que es crucial (pinche aquí para leerlo). Es muy parecido al anterior, menos en el párrafo final, que tiene una redacción diferente. Ahí es donde el comisario José Manuel Villarejo anotó en el resumen de conclusiones de los trabajos para el BBVA una contundente «acción final» que consistió en «eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL.»
Este último párrafo describe, en su transcripción literal, el «intento de sustitución de soportes documentales originales, en su defecto eliminación física de los mismos. Si comunicar ni fecha ni procedimiento del sistema operativo para conseguir su destrucción».
El texto incluye una errata -a juicio de este medio- en la que, donde dice
«Si comunicar…» debe decir «Sin comunicar…».
Aunque todo el dispositivo fue bautizado por Villarejo como el proyecto Trampa, este archivo de resumen de todo el trabajo realizado, llamado Trampa-Sinopsis-FG, se titula, de forma novedosa, como «Proyecto FG», las iniciales de Francisco González y también de su firma de bolsa. El documento está fechado el 26 de febrero de 2005, unos días después del incendio de las oficinas de Deloitte en el edificio Windsor (ver abajo).
Con el descubrimiento de este documento y su comparación con el otro cobran sentido, por lo tanto, estos párrafos: en un documento con fecha 26 de febrero, Villarejo rebautizó su operación como «Proyecto FG» y redactó un párrafo que lleva a pensar que la acción final de su operativo había sido eliminar los documentos de Deloitte.
Un mes más tarde, el 30 de marzo, rehace su contenido, vuelve a la denominación «Proyecto Trampa», el nombre que llevó toda la operación para desestabilizar la operación de asalto al BBVA por parte de la constructora Sacyr y sus aliados. Aquí hace desaparecer la confesión de la destrucción de documentos.
En su lugar, advierte que, por motivos de seguridad, no todas las acciones quedan reflejadas, y certifica que el objetivo se ha «cumplido totalmente». La sucesión de los informes y el cambio de párrafos se condensan en la siguiente imagen:
El último «rastro documental» que quedaba de la venta de FG Valores a Merrill Lynch era el que sirvió de base para realizar la auditoría de Deloitte. Si había existido el presunto desfase contable de 757 millones de las antiguas pesetas, las pruebas se encontraban ahí.
Al día siguiente de que Anticorrupción le pidiera los documentos a la compañía auditora, los papeles se convirtieron en humo en el incendio del edificio Windsor. Asimismo, un día después de que se apagaran los últimos rescoldos del incendio, Sacyr decidió abortar el asalto a la cima del BBVA.
Lo que sí se hizo oficial un mes y medio más tarde es que la auditora Deloitte comunicó a la Fiscalía Anticorrupción que los documentos que le había pedido de la auditoría realizada a FG Valores se habían quemado en el incendio de la torre Windsor. Sólo existía documentación en papel y no había copias.
Además del rastro que dejó Villarejo en estos documentos, MONCLOA.COM tiene conocimiento de que, entre la ingente documentación sobre el BBVA, se encuentra una carpeta llamada ‘W’ en la que guardó una extensa recopilación de las noticias aparecidas en la prensa sobre este suceso, particularmente la investigación sobre la causa del fuego.
El misterio sobre el origen del incendio no se resolvió nunca. De nada sirvieron los recursos contra el cierre de la instrucción judicial presentados por Deloitte, y el resto de perjudicados por el incendio.
El juzgado de instrucción 28 de Madrid dio carpetazo al asunto «al no aparecer debidamente justificada la perpetración de acción penal». Deloitte y otros perjudicados en el incendio, como Ason Inmobiliaria, la dueña del edificio, pidieron que siguieran las indagaciones, ya que, en su opinión, quedaban por cerrarse informes periciales, visionado de imágenes o declaraciones de los empleados de limpieza.
Sin embargo, el juez consideró que «la destrucción total de la planta 21 hace del todo imposible desde el punto de vista técnico señalar con exactitud la fuente de calor». Y esto a pesar de que las empresas que recurrieron se quejaron de que el juez se centró en la propagación y los intentos de extinción del incendio, pero no en la causa del mismo.
La causa no se supo, pero eso también significaba, según los peritos de la policía científica, que adjudicar la culpa a un cigarrillo mal apagado por una empleada de Deloitte que estuvo trabajando hasta poco antes de declararse el incendio sería sólo una hipótesis y nada más.
Adjudicar la culpa al cigarrillo era, en cualquier caso, muy extraño. Sería la primera vez que una colilla acababa con todo un rascacielos. ¿Cuántos tenían que haber ardido en una época en que no estaba prohibido fumar en espacios públicos cerrados?
Eso sí, la investigación descartó que el hecho de que el edificio estuviera en obras perjudicara al caudal de agua de las bocas de incendio, ya que durante la hora y media en la que se atacó el fuego desde el interior del edificio, los bomberos pudieron progresar en la extinción.
El Windsor era un edificio que no contaba con compartimentos estancos. Sus falsos techos sirvieron para que el fuego se propagase con gran rapidez. Estos cayeron durante la extinción sobre los bomberos, lo que provocó la orden de retirada del interior del edificio y la decisión de intentar apagarlo o mantenerlo a raya desde el exterior. Una decisión que fue muy polémica.
Si las figuras que se vieron en el edificio durante el incendio eran reflejos proyectados desde la calle o personas que se encontraban dentro, el misterio no quedó aclarado. La propietaria del inmueble quiso saber quién informó y por qué, desde la central del cuerpo de bomberos, que las personas que decía estar viendo en el edificio eran bomberos, ya que la policía científica mantiene que eran reflejos. La Justicia no quiso seguir esta pista porque, en su opinión, «en modo alguno puede tener incidencia en las causas del incendio».
Entre las controversias a que dio lugar el incendio se encuentra la del papel de los vigilantes de seguridad. El juez no encontró ninguna irregularidad en su actuación, frente a lo que sostuvieron los peritos de la aseguradora Allianz, que pusieron el foco en conocer por qué el vigilante que llegó a la planta 21 y vio el fuego no pudo abrir la puerta para apagarlo.
