Están hasta las mismísimas narices, y con toda la razón del mundo. La equiparación salarial con la de los Mossos, la Ertzaintza y los policías locales, que los sindicatos y asociaciones acordaron con el Gobierno de Rajoy se ha quedado en agua de borrajas: no llega a las nóminas de los agentes. Y no se van a quedar de brazos cruzados.
Seis asociaciones profesionales de la Guardia Civil mostraron este miércoles 27 de marzo de 2019 al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su «enorme malestar» por el «oscurantismo» en la equiparación salarial, ante la falta de información sobre el informe de la consultora externa contratada para refrendar las cantidades del acuerdo en tres años, de 2018 a 2020.
El SUP, por su parte, va más allá, según informa ‘EsDiario’.. Y ha anunciado acciones legales por «supuestas prácticas ilícitas» en la contratación de la consultora externa si Interior no les da traslado «de manera inmediata» del informe de Ernst & Young. Para ello, ha presentado un escrito ante la Secretaría de Estado de Seguridad.
El pasado viernes, un centenar de guardias civiles secundaron la protesta convocada por estas seis asociaciones frente a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Se trata de AUGC, UniónGC, ASES-GC, UO, AEGC y APC.
El 6 de marzo lo hicieron frente a la Dirección General en Madrid, donde pidieron la dimisión del director general, Félix Azón, por modificar de forma «unilateral» el porcentaje del reparto del acuerdo de equiparación salarial del tramo de 2019.
Los guardias civiles han avisado que estudiarán un calendario de movilizaciones y acciones legales si el Ministerio del Interior liderado por Marlaska no les da traslado del resultado de la consultoría sobre las cifras exactas de la equiparación salarial. Los representantes de guardias civiles aseguraron que quieren conocer este estudio antes de las elecciones generales del 28 de abril.
Reclaman que se «revierta la discriminación» que conlleva que se haya cambiado el reparto de 250 millones del segundo tramo del acuerdo de equiparación, beneficiando en 2019 con 4,3 millones de euros extras (un 1,72%) a la Policía Nacional sobre los agentes del Instituto Armado. Diferentes organizaciones de la Policía han protestado por el reparto del segundo tramo, destacando las quejas del sindicato de mandos SPP.
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