El Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino (Huelva) ha admitido a trámite la petición realizada por Miguel Rivera, abogado defensor de Bernardo Montoya, en prisión preventiva por el asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), para su puesta en libertad provisional (El asesino de Laura Luelmo la causó más de 40 lesiones en todo el cuerpo y una mortal con una piedra).
Rivera ha informado de que la mañana de este 30 de abril de 2019 le ha llegado del juzgado la confirmación de la admisión de dicha solicitud realizada la semana pasada (Bernardo Montoya, el asesino de Laura Luelmo, pide cobrar el paro para pagar a su abogado).
A partir de este momento, ha explicado, la petición será trasladada en los próximos días a la Fiscalía y a la acusación particular para que presente alegaciones y, posteriormente, decidirá la titular del juzgado (Bernardo Montoya, el asesino de Laura Luelmo, alternó dos novias durante los días del crimen).
La petición se basa, principalmente, en el hecho de que no se cuenta con el audio de la primera declaración judicial de su cliente en la que se inculpaba de la muerte de la joven y ello debido a que la falta de conexión del cable al equipo informático impidió que se pudiera llevar a efecto la grabación (Bernardo Montoya dice ahora que Laura Luelmo murió por los martillazos que le dio su celosa exnovia ).
Según la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, así como en distintos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Rivera asegura que «la transcripción de esa declaración -que es con lo que se cuenta- es válida para agilizar y facilitar consultas pero no como medio de prueba, para ello, solo se reconoce el soporte digital o multimedia».
Esto implica, ha añadido, que «la primera declaración es como si no existiera y que mi cliente está en prisión sin ser oído», máxime cuando en la segunda declaración de principios de abril «negó su autoría y reiteró su inocencia», culpando a una exnovia de la muerte de Laura Luelmo.
Por otra parte, ha informado de que su defendido seguirá en régimen de aislamiento en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) ya que, si bien él mismo le planteó la posibilidad de que solicitara el cambió a régimen normal «asegura que tiene miedo de poder ser agredido».
