María de los Ángeles Núñez Bolaños tiene más cara que espalda. La juez del caso de los ERE no para de ser fuente de noticias a cada cual más sombría sobre su imparcialidad en la investigación del mayor expolio a los fondos públicos en la democracia española.
A sus ya legendarios retrasos en la tramitación de la investigación, gracias a los cuales han ido prescribiendo delitos y exonerándose cargos socialistas investigados, Núñez añade ahora el capítulo de su tesis doctoral, defendida en 2017, sobre la mediación intrajudicial.
El problema no es de plagio, sino del vínculo de parentesco que mantenía el director de su tesis, Eugenio Pizarro Moreno, con Luis Pizarro, su tío, quien fuera secretario de Organización del PSOE andaluz y, posteriormente, consejero de Justicia con Susana Díaz.
Probablemente esta relación a tres bandas sería irrelevante en la mayoría de los casos, pero la juez Núñez ha generado tantas sospechas sobre su actuación como instructora del caso de los ERE que es difícil concederle el beneficio de la duda.
La Fiscalía andaluza la denunció ante el Consejo General del Poder Judicial por la lentitud deliberada con la que resolvía las peticiones de imputación y de nuevas diligencias sobre cargos socialistas, mientras dejaba pasar el tiempo sin evitar que la prescripción dejara sin juicio hechos con la misma apariencia de delito de otros que sí van a ser juzgados.
Un juez puede tener amistades en la clase política y en cualquier sector, pero debe cuidar que esas relaciones no ensombrezcan su imparcialidad.
En el caso de Núñez la sombra se ha espesado noticia tras noticia sobre su negligente forma de dirigir el caso de los ERE falsos. Esta información sobre la juez Núñez y la familia Pizarro añade más incertidumbre acerca del papel que esta magistrada ha asumido en la investigación sobre la corrupción sistémica del régimen socialista andaluz.
