La relación de José Luis Rodríguez Zapatero y el régimen chavista sigue teniendo muchos hilos de los que tirar. Uno de los más importantes es el que vincula a su embajador, Raúl Morodo, con el expolio de PDVSA. Una práctica en la que también están involucrados sus socios Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, quienes cobraron de la petrolera estatal PDVSA 2,7 millones de euros en las islas San Vicente y Granadinas, el mismo paraíso fiscal en el que Nicolás Maduro ordenó pagar 272.325 a Pablo Iglesias.
Así lo afirma OkDiario, medio de comunicación que el pasado 6 de mayo de 2016 desvelaron que Nicolás Maduro también utilizó el paraíso fiscal de las islas de San Vicente y Granadinas, situadas en el Caribe, para ordenar abonar 272.325 dólares al actual vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias.
Ante la gran fortuna generada en Venezuela, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada habrían invertido 17 millones de euros en la compra de viviendas y locales comerciales en distintas ciudades españolas, para blanquear el dinero procedente del saqueo de la petrolera PDVSA. Realizaron la mayor parte de estas inversiones a través de la sociedad Consultora Alcander SL, de la que ambos eran socios al 50%.
La sociedad de Márquez y Prada, Consultora Alcander, compró el 18 de junio de 2013 por dos millones de euros un local comercial de planta baja y sótano en plena calle Alcalá de Madrid, en una esquina próxima a la Plaza Manuel Becerra.
Ambos socios chavistas pagaron este inmueble gracias a una transferencia de dos millones de euros que habían recibido desde la sociedad Lakeside Overseas LTD, cuya dirección postal es la siguiente: Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, San Vicente y las Granadinas. La transferencia se realizó a través de una cuenta suiza del CBH Compagnie Bancaire Helvétique.
Según la información recabada por la UDEF, los administradores de Lakeside Overseas LTD son el venezolano Juan Márquez Vila y la española Carmen Cabrera Ramos, padres del propio Juan Carlos Márquez. Para dar apariencia legal a la operación, esta sociedad simuló un préstamo hipotecario de dos millones de euros a Consultora Alcander, utilizando como garantía el local comprado en la calle Alcalá de Madrid.
Juan Carlos Márquez habría colocado a sus padres al frente de su sociedad de San Vicente y Granadinas, para ocultar los pagos millonarios que recibía de la petrolera pública PDVSA, de la que era directivo.
