La denuncia contra el Ministro de Transportes sigue avanzando en el sistema de Justicia

Ábalos en la boca del lobo: El Tribunal Supremo estudiará la querella de prevaricación en su contra por el ‘Delcygate’

 

Ábalos en la boca del lobo: El Tribunal Supremo estudiará la querella de prevaricación en su contra por el 'Delcygate'
José Luis Ábalos PD

José Luis Ábalos está un paso más cerca de la justicia española ante un presunto delito de prevaricación. Así como adelantó Periodista Digital en exclusiva, tras haber accedido a la querella interpuesta contra el ministro de Transportes, Sergio Cebolla de Ávila, líder del Partido Laócrata, interpuso la medida judicial a raíz de las denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de estar siendo sometidos a presiones para borrar las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, como ha adelantado en exclusiva este diario.

Ahora, el Tribunal Supremo confirma que estudiará la querella por presunta prevaricación, lo que supone haber pasado el primer corte en el alto tribunal que da derecho a que la analice un juez en concreto. 

De esta manera, el Tribunal Supremo acredita que la querella reúne los requisitos legales” para ser estudiada. “Examinado el libro de ponencias, la presente le corresponde por turno al magistrado de esta Sala, Manuel Marchena Gómez”, añade el documento. Se trata de la Sala de lo Penal y Marchena es su presidente. Se trata del mismo juez que presidió el juicio a los líderes del procés.

Desde VozPópuli apuntan que fuentes conocedoras de este proceso explican que el magistrado ya ha dictado una providencia en la que le pide una fianza a los denunciantes que se personan en calidad de acusación popular. Antes de admitir definitivamente a trámite, deberá darse traslado a la Fiscalía para que fije posición al respecto.

Presunta prevaricación

Sergio Cebolla de Ávila, líder de la agrupación política, ha liderado la nueva ‘embestida’ legal contra el ministro de Pedro Sánchez a partir de las informaciones exclusivas que ha publicado Periodista Digital, donde los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denunciaban el interés del «gobierno progresista para que las imágenes de las cámaras de seguridad desaparezcan».

En este sentido, consideran que se habría cometido «la presunta comisión de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal».

Es importante recordar que el artículo 404 del Código Penal fija el siguiente tipo penal: «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

La medida legal toma en consideración la importancia de los plazos para evitar la destrucción o borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad. En este sentido, fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indican que:

“Al menos que exista una orden explícita, las grabaciones externas son eliminadas a los siete días, mientras que aquellas que son tomadas en el interior se borran a los 15 días. A pesar de que no ha habido una orden directa de destruir las grabaciones, sí existen un gran control sobre el material y presiones para que se borren en cuánto sea posible”, explican a Periodista Digital.

Sin embargo, temen que “debido a la polémica que está rodeando al encuentro, nos den una orden directa para su destrucción”.

La querella también solicita tres aspectos fundamentales para la preservación de las pruebas de los hechos ocurridos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez.

En este sentido, solicitan a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que:

  • 1. se aseguren y custodien las grabaciones de todas las cámaras de seguridad (tanto dentro como fuera del terminal ejecutivo);
  • 2. que se aseguren y custodien los planes de vuelos y registros del avión donde llegó a España la vicepresidenta de Nicolás Maduro;
  • 3. que se aseguren y custodien los planes de vuelo y registro de los pasajeros del vuelo comercial con destino a Doha (Catar), del que salió Delcy Rodríguez de España.

Las presiones judiciales contra Ábalos se suman a las medidas internacionales que, según ha adelantado este diario, estarían avanzando Estados Unidos a través de la Interpol junto a la DEA y el FBI, ya que Delcy Rodríguez también está solicitada por sus vínculos con el narcotráfico. Justamente, se podría cursar una orden de captura internacional contra el ministro de Transportes, lo que habría sido el motivo inesperado de la cancelación de su viaje a Colombia.

Otra demanda

Periodista Digital también ha accedido a la querella interpuesta por Sergio Cebolla de Ávila, líder del Partido Laócrata, contra aquellos “funcionarios o autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjería a Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, los días 19 y 20 de enero de 2020”.

En concreto, afirman que “la actuación y decisión, de autorizar el transito por territorio Español-Europeo, de la Vicepresidencia de Venezuela, sin que fuera detenida, deportada, ni denunciada;, la actuación y decisión de autorizar la salida de España en vuelo comercial, sin cumplir la normativa en cuanto al sellado y obtención del visado del pasaporte, de la Vicepresidencia de Venezuela pueden ser constitutivos de respectivos delitos de prevaricación del art. 404 del Código Penal”.

Así como adelantó este diario el pasado 29 de enero, fue el ministro de Transportes fue quien evitó que la Policía Nacional efectuase la detención de Delcy Rodríguez, la número dos del régimen chavista. Así lo denunciaron en exclusiva fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

Nosotros estábamos listos y la queríamos pillar. Fueron ellos [los políticos] quienes nos retiraron y nos ordenaron que no moviésemos un dedo”, afirman fuentes policiales a Periodista Digital. Ahora, con el miedo a que los conviertan en ‘cabeza de turco’ lanzan una dura amenaza al ministro José Luis Ábalos: “si nos echan la culpa de aquello ocurrido en la madrugada, saldrán muchas más cosas a la luz. Nosotros estábamos preparados para realizar lo correcto”.

La actitud mostrada por José Luis Ábalos es considerada como una humillación por parte de la Policía Nacional, ya que quitó toda la autoridad a los funcionarios que estaban en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, dejando sin validez tanto las advertencias al cuerpo diplomático chavista, así como el proceso de detención y posible deportación a Venezuela o a Estados Unidos (donde es buscada por delitos del narcotráfico).

Las fuentes policiales confirman a este diario que ya están rodando las primeras cabezas por el rescate a Delcy Rodríguez, pese a que debió ser capturada y deportada debido a sus sanciones impuestas por la Unión Europea. “El que nos retiró de la operación organizada está teniendo un problema. Nosotros no estamos dispuestos a ser los siguientes para que otros se laven las manos”.

Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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