La trama que está siendo investigada por la justicia internacional también involucra a la esposa y al hijo del diplomático socialista

Zapatero, manchado con la corrupción chavista: su embajador Raúl Morodo recibió 4,5 millones de PDVSA sin justificar

Zapatero, manchado con la corrupción chavista: su embajador Raúl Morodo recibió 4,5 millones de PDVSA sin justificar
José Luis Rodríguez Zapatero y Raúl Morodo PD

Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, recibió junto a su círculo familiar más de 4,5 millones de euros procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Una gran cantidad de dinero que, según valora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, «carecen de justificación real y lógica comercial». Una trama de presunta corrupción que salpicaría al expresidente de España y gran mediador del régimen bolivariano, José Luis Rodríguez Zapatero.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional en enero de 2019 señalando que los hechos de Raúl Morodo y su familia investigados (desde 2017) podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.

Es importante destacar que la justica está detrás de los pasos del que fue embajador en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a su mujer Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.

Otro de los investigados inicialmente, Juan Carlos Márquez Cabrera (esposo de Ana Korina Ulloa), que era el cargo dentro de PDVSA que firmaba los contratos con los Morodo, se suicidó en julio de 2019 tras haber declarado como investigado ante la Audiencia Nacional.

Información veraz

Según apunta en su escrito la Fiscalía, la investigación practicada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) evidencia «que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces».

El informe policial describe la existencia de una serie de operaciones «sospechosas» realizadas por el entorno familiar y profesional de Morodo que consistía en la recepción «de importantes cantidades de dinero desde Venezuela» y que se justificaban como supuestos honorarios de asesoramiento a la petrolera. Apuntan que para recibir esos fondos se usaba un entramado societario y bancario residenciado principalmente «en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza«.

Seguir la ruta del dinero venezolano

A esos 4,5 millones, se suman otros fondos que recibió la familia entre 2008 y 2011 provenientes de PDVSA (819.032 euros) y de otra mercantil denominada PDVSA IBÉRICA SA (117.360 euros). Los investigados usaban «una compleja estructura societaria» para introducir esas cantidades en España.

La operativa estaba montada con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero gracias a que tenían una sociedad de nacionalidad panameña y diversas cuentas bancarias en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España. Además, traspasaban el dinero entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y disponían de fondos mediante cheques al portador y con extracciones en efectivo.

Usaban asimismo las diferentes mercantiles vinculadas a la familia Morodo para realizar pagos carentes de lógica comercial a personas jurídicas y físicas portuguesas –Morodo fue también embajador de España en Portugal–, algunas de ellas «cargos políticos relevantes en Portugal».

Además, los acusados ocultaron parte de los fondos percibidos por PDVSA a la Hacienda pública española, y los saldos reflejados en sus cuentas bancarias no coincidían con las cantidades realmente declaradas.

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