Las medidas judiciales del Partido Popular y del Partido Laócrata serán llevados por los jueces conocidos por trabajar en el ‘caso Rato’ y del espionaje en Madrid

Dos jueces sin piedad: estos son los magistrados que investigarán a Ábalos por el ‘Delcygate’

Dos jueces sin piedad: estos son los magistrados que investigarán a Ábalos por el ‘Delcygate’
José Luis Ábalos PD

Las medidas judiciales contra José Luis Ábalos siguen avanzando.

Las actuaciones que han interpuesto el Partido Popular y el Partido Laócrata ya cuentan con la asignación de sus jueces y ambos cuentan con un amplio reconocimiento.

Se trata de Antonio Serrano Arnal, que instruye la causa por el origen del patrimonio del exvicepresidente Económico del PP Rodrígo Rato; y de Adolfo Carretero, que archivó la causa por espionaje en el PP de Madrid.

Ahora Antonio Serrano Arnal y Adolfo Carretero tendrán que decidir el futuro de las actuaciones instadas por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia relacionados con el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Súarez el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, la narcochavista Delcy Rodríguez.

El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha detallado que en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, cuyo titular es Serrano Arnal, ha recaído la querella presentada por los Laócratas contra los «funcionarios y autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjería» durante el encuentro del ministro y la mandataria venezolana.

Por otra parte, al Juzgado de instrucción número 47, dirigido por Adolfo Carretero, le han correspondido las actuaciones instadas por el Partido Popular en el juzgado de guardia que ordenó a AENA evitar la destrucción de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeródromo.

Próximos pasos

Ambos juzgados están a la espera de recibir la documentación y fuentes jurídicas no descartan que el asunto acabe acumulándose en un único órgano judicial. En todo caso, ninguna de las acciones judiciales relacionadas con la actuación de Ábalos han comenzado a investigarse, al estar pendientes de admisión a trámite.

El titular del Juzgado número 47 es el juez Agustín Carretero, que fue el que archivó en su día los supuestos seguimientos en 2008 a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid durante un viaje a Colombia. Este magistrado es también el que imputó al cómico Dani Mateo por un ‘sketch’ en el que se sonaba con la bandera en el Intermedio de la Sexta.

Por su parte, Serrano Arnal es el que ha instruido las diferentes piezas que constituyen el denominado ‘caso Rato’ por el origen presuntamente irregular del patrimonio del que fuera vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. El magistrado archivó muchas de estas piezas y luego tuvo que reabrirlas por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.

El asunto del denominado ‘Delcygate’ por la reunión de Ábalos con Rodríguez, que tiene prohibido por viajar al espacio Schengen, tiene ya varios frentes judiciales iniciales, a raíz de denuncias presentadas por el PP, Vox y Cs, además del denominado Partido Laócrata. Todos ellos han presentado iniciativas en diferentes instancias -el Tribunal Supremo, Fiscalía y los juzgaros ordinarios de Madrid- aunque todos en estado muy inicial y sin que se haya abierto ninguna investigación formal por el momento.

Más datos

El asunto se encuentra más avanzado en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde a pesar del éxito de la maniobra instada ayer por el PP el que lleva la delantera es el Partido Laócrata, que presentó una denuncia el pasado día 10 de febrero. En dicha querella los laócratas ya planteaba, no sólo que se evitara el borrado de las cintas de Barajas, si no su incautación y custodia judicial, «para evitar que se pierdan o sean manipuladas», según ha explicado el principal del partido, Sergio Cebolla, durante una comparecencia ante periodistas.

Otro frente es el del Tribunal Supremo, donde se acumulan aún sin admitir a trámite dos querellas presentadas directamente contra Ábalos dada su condición de aforado por ser miembro del Gobierno. Una es también el de este partido, a quien se solicitará una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular -ya están organizando un ‘crowfounding para reunir el dinero- y otra es la presentada este lunes por Vox, que acude directamente al alto tribunal ante la nula respuesta que, según manifestó ayer la diputada Macarena Olona han tenido sus denuncias previas en la Fiscalía General del Estado.

Ante el departamento dirigido actualmente por el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas, en funciones tras el cese de María José Segarra, llegaron denuncias tanto del PP como de Vox -que instó también que se evitara el borrado de las cintas sin obtener respuesta a esta demanda- y finalmente de Ciudadanos.

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