Raúl Gorrín quiere evitar caer en las manos de la justicia de Estados Unidos. El presidente del canal de televisión venezolano Globovisión y uno de los empresarios que más rico se ha hecho a través del chavismo, ha comunicado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que no acudirá este miércoles 26 de febrero a declarar dado que pesa sobre él una orden de búsqueda de Estados Unidos, país al que no quiere ser entregado.
En un escrito que ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3, Raúl Gorrín, que reside en Venezuela, señala que a pesar de esto quiere declarar ante Tardón y pregunta si puede ser por videoconferencia.
Es importante recordar que Gorrín estaba citado a declarar en calidad de investigado en el marco de la causa que investiga a ex altos cargos ‘chavistas’, funcionarios y empresarios de ese país latinoamericano por integrar supuestamente una organización criminal para el saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras empresas públicas y el posterior blanqueo de esos fondos.
De hecho, su citación era la primera diligencia que la magistrada llevaba a cabo desde que asumió a finales del año pasado esta causa, que comenzó investigando el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Según fuentes consultadas, se da la circunstancia de que el propio presidente del canal venezolano solicitó su personación en la causa después de que el juez de Madrid dictara un auto en el que acordó embargarle fincas de las que es propietario en España.
Blanqueo de capitales
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gorrín, de 51 años, está acusado de nueve cargos de blanqueo por haber pagado supuestamente millones de dólares en sobornos a dos altos cargos venezolanos, incluido el extesorero nacional Alejandro Andrade, para realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el Gobierno venezolano.
Además de transferir dinero para esos funcionarios, Gorrín habría pagado gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos, relojes de alta gama y una línea de moda. Para ocultar los pagos de sobornos, añade la Justicia norteamericana, realizó pagos a través de múltiples empresas fantasma.
La causa que ahora está en manos de la juez Tardón tiene su origen en una denuncia interpuesta hace más de dos años en la Fiscalía Anticorrupción y se investigan presuntos delitos de soborno a funcionarios venezolanos, prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.
