La historia es truculenta a más no poder y demuestra hasta qué punto fue un craso error que las comunidades autónomas puedan manejar a su antojo competencias tan delicadas como las de Justicia.
En Cataluña, por ejemplo, y en pleno procés, nadie duda de que la Generalitat está dispuesta a darlo todo por conseguir el mejor trato posible para los presos golpistas y por eso a nadie le extraña el excelente trato que reciben los condenados por la intentona golpista del 1-O en 2017.
Los Puigdemont, Torra y demás patulea separatista han encontrado en la magistrada María Jesús Arnau Sala, titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña el vehículo ideal con el que alcanzar pingües beneficios penales para sus acólitos encarcelados.
Esta juez fue la que por arte de magia dio el visto bueno a los primeros permisos de los llamados Jordis, Sánchez y Cuixart.
El separatismo catalán la ‘ha elegido’ por su perfil discreto, pero eficiente a la causa de los golpistas.
Su único punto negro estriba en que su nombre salió en informes de la agencia Método 3, esa red de espías que saltó a la primera línea de la actualidad por el espionaje a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, en aquella comida con la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho en el restaurante barcelonés de La Camarga.
UN MARIDO MUY ‘AFORTUNADO’
Pero faltaba un personaje clave para que la Generalitat pusiera sus ojos y su atención sobre la magistrada Arnau Sala.
Se trata, según cuenta El Español de su marido y empresario Ramón Serra Masip, un contratista que estuvo relacionado con una de las mayores chapuzas de la reciente historia de Cataluña, las obras del metro en el barrio del Carmelo, en la Ciudad Condal y que supusieron que más de 1.500 vecinos y más de 500 viviendas se vieran afectadas por un socavón provocado por un error de cálculo en los trabajos.
Este empresario ha tenido y tiene mucha vinculación con la administración catalana fue nombrado presidente de GISA en marzo de 2004.
Es decir, durante el primer tripartito de PSC, ERC y ICV, el encabezado por Pasqual Maragall. Antes había trabajado en Fira 2000 y en otras empresas públicas. Y entre ellas Infraestructuras 2004, la empresa que gestionó las obras del Fórum.
Ahora mismo ejerce de vocal en el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, un órgano colegiado ligado a Fomento del Trabajo.
También el presidente de Urbicsa, la sociedad concesionaria encargada de la construcción, el mantenimiento y la explotación durante treinta y cinco años de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
Dicha empresa también tiene la responsabilidad de la comercialización de los locales y las oficinas del complejo.
La construcción de la Ciudad de la Justicia supuso en su momento una inversión pública de 320 millones de euros por parte de la Generalitat.
La gran pregunta que se deduce de todo esto es: ¿habría sido tan afortunado Ramón Serra de no haber estado casado con dicha magistrada? Visto lo visto, la respuesta es más que evidente.
