Está claro que en España, además de no caber ya un tonto más, la Justicia es un sangriento cachondeo.
Los golpistas catalanes Oriol Junqueras y Raúl Romeva, condenados a trece y doce años de prisión por un delito de sedición, salen ya tres días a la semana a pasearse por la calle y los ratos que pasan entre rejas, disfrutan de privilegios que harían palidecer de envidia a los capos del narcotráfico mexicano o colombiano.
La consejería de Justicia de Generalitat de Cataluña, que viene a ser lo mismo que el xenófobo Quim Torra, que ya ha concedido beneficios penitenciarios a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carmen Forcadell, bien para realizar tareas de voluntariado, trabajar o cuidar a familiares con edad avanzada.
Estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas, porque los permisos se están concediendo en un claro fraude de ley.
No es habitual ni es estético que presos condenados a penas tan elevadas puedan disfrutar de un régimen de semilibertad tan pronto cuando ni «aceptan» que cometieron un delito ni se han comprometido a no volver a hacerlo. Más bien todo lo contrario.
Pero pasa y hasta hay medios de comunicación como laSexta, Cadena SER, RTVE, El País o La vanguardia, que aplauden y justo, cuando asistimos a semejante espectáculo, nos enteramos de que la Agencia Tributaria, la misma que no pestañeado ante los favores que se hacen a los prevaricadores y defraudadores como Junqueras, ha solicitado una pena de 28 años de cárcel para los actores Imanol Arias y Ana Duato, alegando que cometido en el pasado graves delitos fiscales.
La petición corresponde a cuatro años de prisión por cada delito, siete en total. Incluye, además, 16 millones en concepto de multas: nueve millones para él (cuatro veces lo supuestamente defraudado) y 7,6 para ella (que defraudó presuntamente 1,9) Los protagonistas de Cuéntame están muy preocupados.
Según El Confidencial, el círculo cercano de Arias y Duato considera que la petición de Hacienda es «excesiva» y esperan que la de la Fiscalía sea mucho menor, ya que en casos de delitos fiscales no supera los dos años si el acusado ha devuelto parte de lo defraudado, como es el caso.
Imanol Arias ingresó a Hacienda 2,1 millones de euros correspondientes a la cantidad que supuestamente evadió entre 2010 y 2014, y 2,7 millones de euros que corresponden a las cantidades del periodo 2005 y 2010. Ana Duato, por su parte, devolvió cerca de 800.000 euros.
En su defensa, ambos contarán con dichos pagos como atenuantes.
Además, los delitos fiscales prescriben a los cinco años, de manera que algunos de los contemplados en la demanda ya no tendrían validez.
