El coronavirus terminá llevando a los juzgados a Pedro Sánchez. y como ‘penitente‘.
El abogado Víctor Valladares demandó al presidente por el delito de prevaricación administrativa por omisión (de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo), por haber permitido que se celebrasen las manifestaciones multitudinarias del 8 de marzo.
A pesar de que tenía en sus manos un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que advertía del riesgo para la salud pública de organizar actos con alta afluencia de personas.
La demanda, que también acusa de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 18M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid, debido a que el estado de alarma obligó a cerrar el Tribunal Supremo, donde se debería tramitar debido a que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.
Consciente de las condiciones excepcionales del estado de alarma, Valladares advierte que pasarán varias semanas antes de que el Tribunal Supremo admita a trámite su escrito, dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido la tramitación de buena parte de los procedimientos debido a la emergencia sanitaria. En este sentido, está en pausa que las cortes soliciten un suplicatorio y el posterior debate en el Congreso de los Diputados para mantener o no la inmunidad del presidente.
De proseguir la demanda, los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas y el propio Pedro Sánchez se podrán enfrentar a una condena que oscila entre los 9 y los 15 años de inhabilitación, así como lo establece el artículo 404 del Código Penal para los funcionarios y cargos públicos que hayan incurrido en un delito de prevaricación.
A la espera de obtener un número de procedimiento de la demanda, Valladares explica a Periodista Digital que se está valorando la opción de crear una asociación que aglomere a todas las demandas que se quieren sumar a la causa contra el presidente Pedro Sánchez. “En sólo un día y medio hemos recibido unas 2.000 peticiones de sumarse a la demanda, una cifra que estimamos que seguirá creciendo en los próximos días”, afirma a este diario el abogado.
Los datos contra el PSOE y Podemos
El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió, el 2 de marzo, de la necesidad de suspender las «concentraciones masivas» y «actos multitudinarios» para frenar los contagios. El informe internacional llegó cuando España registraba unos 120 casos diagnosticados, pero fue ignorado lo que hizo que, para el 8 de marzo, el país ya se enfrentase a 610 contagios, 17 muertes y 30 pacientes recuperados. A pesar de que los datos mostraban una evidente curva de crecimiento, desde PSOE y Podemos llamaron masivamente al 8-M.
El presidente Pedro Sánchez no solo decidió hacer caso omiso de estos avisos de la Unión Europea, sino que su principal experto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, llegó a afirmar en rueda de prensa que no existía ningún riesgo en asistir a estas manifestaciones.
Aunque Víctor Valladares acusa en su denuncia a Pedro Sánchez de prevaricación, si el Supremo finalmente la admite a trámite puede apreciar la existencia de otros presuntos delitos (por ejemplo, contra la salud pública). De hecho, en su escrito el letrado deja abierta la posibilidad de imputar también a otros cargos públicos, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, o los subdelegados del Gobierno.
