A Pedro Sánchez se le acumulan los problemas.
Tras el ridículo monumental por adquirir en China tests rápidos para la detección del coronavirus sin licencia, el presidente también conoció que sigue avanzando una causa legal en su contra.
El abogado Víctor Valladares presentó este jueves 26 de marzo la denuncia ante el Tribunal Supremo a través de LexNet personado con un procurador, según ha logrado conocer Periodista Digital.
A la denuncia de prevaricación administrativa por omisión está previsto que se adhieran más de 7.000 españoles que se han sentido, de alguna manera, afectados por la gestión del gobierno del PSOE y Podemos de la crisis sanitaria del coronavirus.
Víctor Valladares adelanta a este medio que, para canalizar el volumen de los ciudadanos que quieren participar en la causa legal, “se está creando una asociación que ya cuenta con los estatutos redactados, a la espera de poder formalizarla en los próximos días”.
La demanda, que inicialmente también acusaba de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 8M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid.
Sin embargo, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, debido a que se trata de la institución correspondiente, ya que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.
Mensaje por WhatsApp criticando las contradicciones de los dirigentes del PSOE y su proclividad por la sanidad privada.
Víctor Valladares adelanta que se han realizado unas ligeras modificaciones en el texto que se ha presentado ante el Tribunal Supremo. En este sentido, la denuncia “se dirige sólo contra Pedro Sánchez”, pero también “se amplía el tipo delictivo tomando como base el auto del JI 51 de Madrid” y se “amplían las diligencias de prueba tomando como base también el citado auto”.
La denuncia exige que se contemple la responsabilidad de Pedro Sánchez al permitir que se celebrasen las manifestaciones del 8M, pese a tener en sus manos un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que advertía del riesgo para la salud pública de organizar actos con alta afluencia de personas.
Los datos contra el PSOE y Podemos
El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió, el 2 de marzo, de la necesidad de suspender las «concentraciones masivas» y «actos multitudinarios» para frenar los contagios. El informe internacional llegó cuando España registraba unos 120 casos diagnosticados, pero fue ignorado lo que hizo que, para el 8 de marzo, el país ya se enfrentase a 610 contagios, 17 muertes y 30 pacientes recuperados. A pesar de que los datos mostraban una evidente curva de crecimiento, desde PSOE y Podemos llamaron masivamente al 8-M.
El presidente Pedro Sánchez no solo decidió hacer caso omiso de estos avisos de la Unión Europea, sino que su principal experto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, llegó a afirmar en rueda de prensa que no existía ningún riesgo en asistir a estas manifestaciones.
Aunque Víctor Valladares acusa en su denuncia a Pedro Sánchez de prevaricación, si el Supremo finalmente la admite a trámite puede apreciar la existencia de otros presuntos delitos (por ejemplo, contra la salud pública). De hecho, en su escrito el letrado deja abierta la posibilidad de imputar también a otros cargos públicos, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, o los subdelegados del Gobierno.
