Oriol Junqueras ha llevado su pataleta monumental hasta la Justicia. El golpista catalán ha decidido presentar una querella ante el juzgado de Manresa por «coacciones, amenazas y contra los derechos cívicos fundamentales». El líder de ERC mostraba así su rechazo al aviso del Tribunal Supremo a las juntas de tratamiento sobre el confinamiento de los presos.
En concreto, el Tribunal Supremo establecía que si las juntas de tratamiento avalaban que los presos independentistas pasaran la cuarentena a casa, podrían incurrir en prevaricación y se pedía que se identificara los funcionarios que tomaban la decisión. Una decisión que el golpista respondió con la querella que considera que se trata de “un inmerecido ataque a la separación de poderes, a la libertad en la toma de decisiones independientes y a la neutralidad de los funcionarios».
Junqueras exige que se investigue el origen del mensaje que difundió el Supremo y quién ordenó enviarlo. En la misma línea, la defensa del golpista insiste en que los miembros del Supremo «no se pueden dirigir a funcionarios de la administración penitenciaria antes de sus deliberaciones para censurar su conducta y afectar el sentido de su voto».
Urdangarin, sin salidas
Sin embargo, el líder de ERC no ha sido el único que ha visto truncados sus oportunidades de pasar más tiempo fuera de prisión. La cuarentena por el COVID-19 también impide que Iñaki Urdangarin pueda acudir a realizar sus labores de voluntariado a un centro fuera de prisión. Sin embargo, no ha sido su único revés. El juez de la Audiencia de Palma de Mallorca ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía en contra del auto que le permitía salir de prisión dos fines de semana al mes.
En otras palabras, el juez ha revocado el auto, por lo que le mantiene en segundo grado y le impide salir de prisión más que para el voluntariado y algún permiso puntual. El auto, hecho público este miércoles, escucha la petición de la Fiscalía, que recurrió la decisión del juez de Valladolid (dictada el 5 de marzo de este año), quien se ha mostrado en varias ocasiones muy crítico con las condiciones en las que el marido de la infanta Cristina vive su reclusión.
El auto es duro y no empatiza con el exduque de Palma como lo hace el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, quien ha otorgado los permisos hasta la fecha:
«Admitir esta posibilidad, con una parte mínima de la condena cumplida, puede generar espacios de impunidad, siempre intolerables y de manera especial en unas conductas de corrupción que han alcanzado dimensiones profundas en la sociedad española, con el riesgo cierto de socavar los principios básicos de los regímenes democráticos al disminuir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, instituciones que este tipo de delincuencia pone a su servicio, terminando por resultar dañado el propio Estado de derecho”.
Así, el juez le deniega los permisos porque, dice, “en el caso presente la situación se aprecia como distinta por cuanto que se trata lisa y llanamente de adelantar el disfrute del régimen abierto con los únicos fundamentos que se derivan, conforme al auto combatido, de las características del centro penitenciario en el que se cumple condena; centro al que el interno accedió voluntariamente, sin que conste solicitud de traslado a otro centro u otra opción análoga”.
