El gobierno del PSOE y Podemos sigue diseñando una red de censura contra los medios de comunicación incómodos para sus intereses y permanencia en el poder

Sánchez transforma a Justicia en el ‘Ministerio de la Verdad’ de Orwell para que censure a la prensa crítica y silencie periodistas ‘no adictos’

El ministro Juan Carlos Campo no aclaró qué términos se usarán para determinar qué es una ‘fake news’ para la justicia socialista y si se castigarán a los 'bulos' difundidos desde el propio PSOE.

El gobierno de Pedro Sánchez, intentando eludir sus responsabilidades por la inepta y letal gestión del coronavirus, ha desatado una ‘guerra’ directa contra los escasos medios de comunicación que no le bailan el agua y ponen en evidencia sus pifias e irresponsabilidades.

Ante la difusión de noticias sobre sus garrafales errores en la gestión de la crisis sanitaria por el COVID-19, los socialistas y comunistas implementaron inicialmente un sistema de censura en las ruedas de prensa telemáticas.

La indignación real de algunos periodistas, la impostada de otros y el anuncio por parte de dos diarios de peso, como ‘ABC‘ y ‘El Mundo‘, de que no iban a seguir participando en la farsa, ha obligado a La Moncloa a habilitar un canal alternativo para las preguntas.

Pero no les llega con eso, porque en su confinamiento obligado hay millones de personas que miran Whatsapp cada poco, intercambian mensajes, revisan diarios online, buscan en Google y montan campañas o expresan en Twitter su protesta.

Aunque va a enterrar a 20.000 españoles y arruinar a 10 millones, el marrullero Sánchez sigue dispuesto a casi todo para intentar sobrevivir a la catástrofe que tanto ha contribuido a alimentar.

Cuenta para ello con varias bazas, entre las que es muy relevante ese tercio amplio de españoles que -al igual que casi todos los ministros y ministras actuales- no ha interiorizado nunca que el dinero público sale de los impuestos.

Es el mismo contingente devoto de la subvención, convencido de que la pasta nace en un cajón oficial y que el de arriba, el del coche oficial, la tablet pagada por nosotros y los chupetines, sólo tiene que meter la mano y repartirla.

Decía Voltaire, hace ya tres siglos, que «la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria» y a eso se aferran todos, confiando en la proverbial amnesia del votante español.

A eso y todavía más relevante en estas circunstancias, se suma la ‘Brunete Pedrete’, integrada no sólo por Antonio García Ferreras, los gremlins de LaSexta, la cadena SER y El País, sino por una legión donde se mezclan convencidos e interesados.

En los 44 años, 4 meses, y 16 días, transcurridos desde que se murió en la cama el general Franco, ningún Gobierno español ha acumulado tanto respaldo mediático como el engendro de 22 ministros montado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con apoyo de los proetarras de Bildu, el PNV, los golpistas catalanes y algún otro.

Cuenta Sánchez, el tipo que despachó a su mujer y a su suegra a las manifestaciones feministas del 8-M, sabiendo ya que había riesgo de contagio, con RTVE, todas las cadenas de televisión privadas y publicas -incluyendo por supuesto a Telemadrid-, todos los diarios en papel con excepción del ‘ABC’  y ‘El Mundo’ –La Razón de Marhuenda dependerá siempre de lo que manden los de arriba-, la Agencia EFE y un batallón de tertulianos, muchos de los cuales salían en pantalla en tiempos de Rajoy, de cuya servil obediencia a las consignas de La Moncloa es imposible dudar.

Es importante reseñar que la proclividad gubernamental de bastantes integrantes de la ‘Brunete Pedrete’, no se debe a motivos ideológicos. Ni siquiera a afinidades políticas.

Se ponen estos periodistas genuflexos por puro interés crematístico.

En el caso de los tertulianos, esos que salen en todos lados, ensalzando ahora la respuesta del Gobierno ante el virus y salían antes justificando a los independentistas catalanes, alabando a Podemos o cacareando todo lo que pueda ser lesivo para el centroderecha, influyen mucho las ‘peonadas’, que van de 150 euros en una pública a 450 por sesión en una privada de postín.

Por lo que respecta a los encorbatados y perfumados ejecutivos que dirigen MediasetAtresmedia, el Grupo PRISA y otros conglomerados, de lo que se trata es de millones y muchos.

Y sin embargo, contando como cuenta con ese enorme, opulento y subvencionado contingente, Sánchez y su entorno se sienten tan presionados por la cada día más adversa opinión pública, que han optado por tirar del Ministerio de Justicia y sobre todo de la Fiscalía.

Bajo la excusa de luchar contra las ‘fake news’, PSOE y Podemos urden un apaño legal para acallar a los periodistas no afectos, con amenazas, sanciones, multas y cierres.

Sí, los mismos pasos que implementó Hugo Chávez en Venezuela antes de dar el salto a la adquisición estatal de medios de comunicación o de amenazar de muerte a los comunicadores que se convirtieran en una ‘china en el zapato’.

El ministro Juan Carlos Campo, novio de Meritxell Batet, fue quien advirtió que se “revisarán los instrumentos legales para impedir estos bulos o, al menos, para que no se vayan de rositas”.

Sin embargo, no aclaró en ningún momento qué términos se usarán para determinar qué es una ‘fake news’ para la justicia socialista.

El PSOE que empujó a la gente a contagiarse el 8M, compró test chungos en los chinos, oculta cadáveres en Castilla-La Mancha y difunde falsedades desde Moncloa, es también el que ha recomendado la lectura del reportaje del ‘fake’ Miguel Lacambra.

En otras palabras, una doble vara de medir que, implementada al sistema legal, supondría un canal oficial de censura y un ataque directo a la libertad de expresión.

Es importante recordar que desde Podemos también han comenzado una campaña contra las ‘fake news’, pese a que Juan Carlos Monedero y Pablo Echenique han sido, junto con los medios ‘amigos’ del gobierno, los grandes promotores de ‘bulos’ sobre la sanidad de la Comunidad de Madrid.

El preocupante anuncio fue acompañado, además, de la promesa de impulsar un plan de choque para evitar el colapso en los juzgados tras la pandemia.Una iniciativa que ha encuadrado en el “plan de acción de desescalada” y que se centrará en los ámbitos sociolaboral (que dirimirá, por ejemplo, despidos y ERTEs), contencioso y mercantil, allí donde “de manera más sangrante se ve la incidencia de la pandemia”, según indica el ministro.

Estado de Derecho

Tras mantener horas antes una reunión por videoconferencia con sus homónimos de la UE, el ministro ha insistido en que la pandemia “no está afectando al Estado de Derecho”, que aunque ha ralentizado su funcionamiento, “sigue funcionando” y “no se debilita”.

“La pandemia no puede ser una excusa para debilitar el Estado de Derecho”, ha defendido Campo, que ha eludido cualquier reproche al líder del PSC Miquel Iceta -que aboga porque los líderes independentistas condenados en el juicio del “procés” cumplan en sus casas el confinamiento- y se ha limitado a enmarcar sus palabras en el derecho a la libertad de expresión y a incidir en que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra al respecto.

El titular de Justicia tampoco ha precisado si el Gobierno podrá obligar a los enfermos por coronavirus asintomáticos a recluirse en las “arcas de Noé” contra su voluntad y ha hecho hincapié en que en esos supuestos se actuará con “proporcionalidad” tras solicitar “los informes pertinentes”.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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