Aboga por la “autocrítica”, pero niega que estén “arrepentidos” de sus actos

El juego de palabras de Marlaska para admitir errores pero evitar una ‘confesión’ que les lleve a prisión

El ministro del Interior esquiva cualquier término que implique “culpabilidad” ante las presiones judiciales a la gestión del COVID-19

El juego de palabras de Marlaska para admitir errores pero evitar una ‘confesión’ que les lleve a prisión
Fernando Grande-Marlaska PD

Fernando Grande-Marlaska mide cada una de sus palabras. El ministro del Interior quiere evitar cualquier ‘lapsus’ que pueda conllevar a una ‘confesión’ inesperada que se traduzca en la prisión de algún integrante del Gobierno socialista-comunista. De ahí que admita la existencia de «autocrítica» y «errores» sobre la gestión de la crisis del coronavirus, pero no «arrepentimiento» porque, a su juicio, eso implicaría «culpabilidad».

Grande-Marlaska está haciendo malabares para intentar desmontar las vergonzosas declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, quien afirmó en una rueda de prensa que trabajan para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Unas palabras que rápidamente fueron tildadas por el ministro del Interior de ser “un lapsus del general al contestar”.

En una entrevista en laSexta, Grande-Marlaska insistió en que, desde el Ejecutivo, se hace autocrítica «todos los días». Incluso, precisó que «claro que hemos cometido errores y más en una situación extraordinaria y excepcional como esta pandemia». Sin embargo, fue cuidadoso en utilizar sus palabras, ya que quiere evitar cualquier declaración que se pueda usar en contra durante los juicios que se están solicitando ante los tribunales.

En este sentido, el ministro recalcó que no hay arrepentimiento [en relación con la actuación del Gobierno hasta el momento]. Sin embargo, esto no se debe a que está seguro de que tomaron la mejor opción según las circunstancias, sino a que el «arrepentimiento suena a culpabilidad. Es algo distinto».

Por otra parte, el ministro del Interior ha defendido que la conducta de desobediencia a las autoridades esté ampara con la sanción que recoge la actual Ley de Seguridad ciudadana. Así, ha confirmado que el actual Ejecutivo tiene previsto derogar la conocida como Ley mordaza, pero mantendrá alguno de sus artículos de manera literal.

«Una desobediencia a la autoridad tiene que tener un elemento de posible coacción, que no tiene que ser delito de desobediencia», ha aclarado el ministro y ha especificado que «no todos los artículos de ley mordaza son inconstitucionales», según su visión, por lo que mucho de ellos irán en la nueva legislación.

Juicios, a la vuelta de la esquina

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren ser llevados ante la justicia. Santiago Abascal ha anunciado que su partido, Vox, presentará una querella contra el presidente del Gobierno y el resto de su equipo “liberticida”.

Desde el partido político consideran que el Gobierno del PSOE y Podemos han cometido un presunto “delito de imprudencia grave con resultado de muerte”. Pero no es el único, ya que también se les señala por “lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad”.

La medida legal se suma a la denuncia que el abogado Víctor Valladares presentó el jueves 26 de marzo ante el Tribunal Supremo a través de LexNet personado con un procurador, según ha logrado conocer Periodista Digital.

A la denuncia de prevaricación administrativa por omisión está previsto que se adhieran más de 7.000 españoles que se han sentido, de alguna manera, afectados por la gestión del gobierno del PSOE y Podemos de la crisis sanitaria del coronavirus.

Víctor Valladares adelanta a este medio que, para canalizar el volumen de los ciudadanos que quieren participar en la causa legal, “se está creando una asociación que ya cuenta con los estatutos redactados, a la espera de poder formalizarla en los próximos días”.

La demanda, que inicialmente también acusaba de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 8M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid.

Sin embargo, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, debido a que se trata de la institución correspondiente, ya que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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