La Guardia Civil no es la Stasi”.
Así se ha denominado la campaña online para recoger firmas y exigir la dimisión de Fernando-Grande Marlaska.
A través de la plataforma de activismo social y político, ‘Haciendo un mundo mejor’, se ha lanzado la iniciativa que ya ha contado con el apoyo de algunos representantes de Vox.
La Guardia Civil no es la Stasi
Ni el SEBIN de Maduro
No permitamos que este gobierno realice sus planes de convertir a una soberbia institución española en un monstruo semejante.
https://t.co/H12kyvBWHY— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) April 21, 2020
“El Gobierno bolivariano del Reino de España no tiene ningún freno moral, han pisado el acelerador para imponer un cambio de régimen enterrando la concordia de la Transición y acabar con la Constitución de 1978”, denuncia la campaña.
En este sentido, alegan en la plataforma que “para su plan diabólico todo vale, no hay límites y están dispuestos a perseguir a los opositores, valiéndose para ello de todas las instituciones del Estado, incluso de la Guardia Civil, una de las más valoradas por la sociedad española”.
Pretenden convertir a la Guardia Civil en una policía política que recuerda los tiempos infaustos del Imperio Soviético, vigilar las comunicaciones y las opiniones de los españoles, pero con la teconología actual, mucho más peligrosa por los avances y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para monotorizar e introducirse en los dispositivos personales: teléfonos móviles y ordenadores.
La medida es una respuesta a las polémicas declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, quien afirmó que se está trabajando para “minimizar” las críticas contra el Gobierno y sus instituciones. Unas palabras que, inicialmente, Fernando-Grande Marlaska tildó de ‘lapsus’ y posteriormente negó en una entrevista a la medida realizada en el programa ‘El Objetivo’ de laSexta.
Sin embargo, una nueva documentación oficial ha demostrado que su afirmación no fue un lapsus, sino un ataque de sinceridad.
Los polémicos documentos
El Estado Mayor de la Guardia Civil, cuya jefatura recae en el general José Manuel Santiago, pidió el pasado 15 de abril por correo electrónico que las comandancias y unidades del Instituto Armado identificaran bulos y desinformaciones «susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno» en el marco del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
En el correo se detalla que la intención del Estado Mayor es realizar «un informe monográfico» para ser tratado en próximas reuniones «con el titular del departamento ministerial”.
En el correo electrónico del 15 de abril se pide a las unidades llevar a cabo una «identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el COVID-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno».
El Estado Mayor se refiere también a «actuaciones administrativas y judiciales» y reclama además información relativa al «bloqueo o cierre de páginas web y de perfiles de redes sociales utilizados para fines fraudulentos o delictivos vinculados al COVID-19».
La Guardia Civil también emitió un comunicado desvinculando la monitorización de las redes sociales de cualquier estrategia para censurar críticas, reivindicándose como «uno de los principales garantes de la libertad de expresión».
Celaá a favor de la censura
Isabel Celaá ha sufrido su propio ‘lapsus’ dictatorial. La ministra de Educación confesó, durante una entrevista en ‘Los Desayunos de TVE’ de este 21 de abril, que “no podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos, en definitiva”.
La socialista intentaba ‘echar un salvavidas’ al general José Manuel Santiago, pero acabó por tirarse al mar de la polémica. Lejos de justificar por qué el Gobierno dio la orden a la Guardia Civil de «minimizar el clima contrario al Gobierno», la ministra terminó por demostrar que no están dispuestos a permitir la difusión de información que afecte a los intereses políticos y personales del PSOE y Podemos. Así sean verídicos.
Durante la entrevista, la exportavoz del Gobierno consideró que el comité técnico lo está «haciendo muy bien hasta la fecha». Sin embargo, dejó otra ‘perla’ socialista: “Las cuestiones de comunicación deben ser determinadas conforme a las necesidades que tiene la sociedad en cada momento». Una frase peligrosa para la libertad de expresión.
