Pablo Iglesias fue denunciado por su gestión de las residencias de mayores en la crisis del COVID-19.
Como adelanta Segundo Sanz en OkDiario, el vicepresidente segundo es señalado por el presunto delito de homicidio imprudente a través de una denuncia ciudadana firmada por Miguel Pader, representante de la asociación ‘España No se Rinde’.
El escrito, presentado este 28 de mayo en el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla, también señala al fundador de Podemos por los presuntos delitos de lesiones, omisión de socorro y prevaricación.
En este sentido, solicitan que la denuncia sea admitida a trámite y remitida al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del vicepresidente del Gobierno y diputado de Podemos.
Es importante recordar que, desde el mando único para el estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, delegó en Pablo Iglesias la coordinación con las comunidades autónomas en la gestión de las residencias mayores.
Sin embargo, la actuación de Iglesias generó grandes dudas e incertidumbre. No en vano, las residencias de mayores es uno de los ámbitos más golpeados por el COVID-19, lo que explica el ‘secretismo’ del Gobierno de Pedro Sánchez para ofrecer cifra de las personas fallecidas en residencias durante esta crisis sanitaria.
«Es evidente que la demora en el actuar implica la existencia de un nexo casual entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos que se han producido en las residencias de personas mayores», explica la denuncia.
«El denunciado no adoptó medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para impedir la propagación», precisa.
«La omisión de la adopción de medidas por el denunciado lo que provocó fue la propagación en mucho residentes, que si bien han superado la infección, lo cierto es que han requerido tratamiento médico y hospitalización para su sanidad, padeciendo en algunos casos secuelas pendiente de determinación, lo que evidencia que estamos ante el resultado típico, esto lesiones constitutivas de delito», agrega.
Tales lesiones, incide el texto, son «consecuencia de las omisivas conductas» por parte de «quienes ha eludido ejecutar y desarrollar las más elementales normas de precaución, lo cual (…) supone una vulneración clara y flagrante del deber objetivo de cuidado que les incumbe», matiza.
Fernando Simón
La denuncia a Pablo Iglesias se conoce un día después de que se solicitó a la jueza del 8-M imputar a Fernando Simón.
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel rechazó la medida «los únicos hechos investigados en este procedimiento» hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.
Añade, en relación a Simón, que esta causa no se dirige contra él y que además su juzgado tiene evidencia de que al menos otros dos órganos judiciales en la capital tienen asuntos ya registrados en trámite contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES) por los mismos delitos que la Asociación de Consumidores pretende acusar, por lo que les conmina a que se dirijan a dichos juzgados.
Las causas contra Simón aludidas por la juez Rodríguez-Medel han recaído en lo juzgados de instrucción números 11 y 53 de Madrid y se encuentran pendientes de admisión en el trámite de informe previo por parte de la Fiscalía.
También entró en el Juzgado de Instrucción número 9 la que presentó una víctima de COVID-19 antes de morir por los presuntos delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, aunque ésta última podría haber decaído.