Los jueces se desmarcan de Fernando Grande-Marlaska.
Los magistrados se plantan contra el ministro del Interior a raíz de la polémica ‘purga’ del ministro del Interior en la Guardia Civil por la investigación al Gobierno por su responsabilidad en la autorización y promoción de las manifestaciones del 8-M.
En concreto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) exigió su dimisión tras salir a la luz una nota ‘secreta’ firmada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, donde reconoce que el coronel Diego Pérez de los Cobos fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria considera que Marlaska «perdió toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo» después filtrarse el citado documento en el que la propia directora general de la Guardia Civil explica por escrito que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento».
A través de un comunicado público, la segunda asociación judicial en número de afiliados considera «inaceptable» que un Estado democrático permita a un ministro de Interior «tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción».
En este sentido, recuerda que el ministro justificó ese cese por «pérdida de confianza». Un ‘bulo’ que intentó mantener vigente la portavoz del Gobierno.
En la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros de este 2 de mayo, María Jesús Montero, precisó que “la pérdida de confianza abarca muchos aspectos distintos y es necesario que, cada uno, conforme a su equipo con quienes considere fundamentales”.
A pesar de las justificaciones de la portavoz socialista, kos jueces ven aun «más reprobable» la actuación de Marlaska por su condición de magistrado y ser, por tanto, «perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales».
«Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así», sentencia la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
A su juicio, el cese de Pérez de los Cobos supone una «flagrante vulneración del principio de separación de poderes».
Además de considerarlo un «intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar», todo ello al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por ello, recuerda que «lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial».
