A Pablo Iglesias se le acumulan las querellas y denuncias en su contra.
El pasado 29 de mayo, se conocía que el vicepresidente segundo fue denunciado por su gestión de las residencias de mayores en la crisis del COVID-19, siendo señalado por un presunto delito de homicidio imprudente, así como de lesiones, omisión de socorro y prevaricación.
Una semana después, sale a la luz que el Tribunal Supremo aceptó investigar el presunto delito de prevaricación por su ingreso a la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Fuentes del proceso judicial adelantan a Periodista Digital que la querella, presentada por el Partido Laócrata (el mismo que denunció por prevaricación a José Luis Ábalos a raíz del ‘Delcygate’), avanzó después de que los magistrados solicitasen la presentación del “poder especial para querellas”.
Un trámite que ya ha sido ejecutado y que queda a la espera de que se estipule la fianza del proceso judicial.
La querella sostiene que ambos acordaron incluir a Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia pese a saber que estaban infringiendo la ley. En este sentido, reclama que lo hicieron sin nombrarlo formalmente como miembro de la comisión, pero permitiendo su asistencia.
El escrito firmado por el líder del partido, Sergio Cebolla, considera que tanto Sánchez como Iglesias cometieron delitos de prevaricación administrativa, uno por adoptar la decisión y otro por aceptar el nombramiento, según el documento al que ha tenido acceso Periodista Digital.
La decisión del Tribunal Supremo supone una nueva presión para el vicepresidente.
¿Inconstitucional?
Es importante recordar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite, por unanimidad, los recursos de inconstitucionalidad que fueron interpuestos por el PP y Vox contra la disposición final segunda del Decreto Ley 8/2020.
Justamente la que acuerda que el vicepresidente Pablo Iglesias forme parte de la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El Tribunal Constitucional anunció que se dará “traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes”.
El Constitucional buscará determinar si resulta cierto que, como reclaman 50 senadores del PP y 50 diputados de VOX, la presencia de Pablo Iglesias en la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) supone una violación de los artículos 86.1 y 9.3 de la Constitución.
Controlar el CNI
El pasado 25 de febrero se aprobó el real decreto por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, con los integrantes y nombramientos de cada una de ellas.
La referente a Asuntos de Inteligencia indicaba que «asistirán» a ella varios cargos, entre otros el vicepresidente segundo. La querella resalta que el real decreto deroga el que estaba vigente y sí cumplía con la ley que regula el CNI, que señalar taxativamente quiénes forman parte de la comisión.
El texto legal dice quiénes integran las comisiones, excepto en la de Inteligencia, «en la que se usa torticeramente la formula ‘asistirán’ en vez de ‘tendrá la siguiente composición’».
Esto demuestra, según el partido querellante, que «eran conscientes del uso abusivo de las competencias, pretendiendo nombrar sin nombrar» a Iglesias. «Pero lo incluyen en un decreto de nombramientos, con lo que los están nombrando».
Y todo ello «sabiendo que la Ley que regula en Centro Nacional de Inteligencia enumera de modo taxativo y excluyente los integrantes que forman parte de dicha comisión delegada».
Esa norma incluye a un vicepresidente, por lo que la presencia de Carmen Calvo hace «que no se reúnan los requisitos legales» para añadir a otro vicepresidente como Iglesias. «Sabían que no lo podían hacer», insiste la querella.
