Esto no ha hecho más que empezar, pero está tomando velocidad y aunque muchas de las querellas y demandas se quedarán empantanadas en los jugados, otras terminarán saliendo adelante, con lo que eso implica social, política y legalmente.
Las querellas contra los miembros y altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria del coronavirus se empiezan a acumular en los juzgados.
La última ha sido presentada este mismo 5 de junio de 2020 por la mañana por Jupol, el sindicato con más representación en el Consejo de Personal de la Policía Nacional.
Y afecta a una decena de altos cargos de los ministerios de Interior y Sanidad.
El escrito registrado en los juzgados señala directamente al secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, Rafael Pérez Ruiz; al director general de la Policía Nacional, Eduardo Pardo Piqueras; al Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González; y a los subdirectores generales de Recursos Humanos y Logística e Innovación de la Policía, Pilar Allué Blasco y José García Molina.
También al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; al subsecretario de Estado de Sanidad, Alberto Herrera Rodríguez; al portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia del Covid-19 y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; y a la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio.
Especial importancia tiene Rafael Pérez, letrado, amigo de confianza de Marlaska, y a quien varias fuentes de la Guardia Civil atribuyen la purga general desatada por el ministro en la cúpula del Instituto Armado.
Nacido en 1981, los méritos de Pérez para el cargo son haber sido magistrado letrado del Consejo General del Poder Judicial y haber acompañado a Marlaska en su aterrizaje en la política como su jefe de gabinete.
Ha estado destinado en los juzgados de Almadén (Ciudad Real), Montoro (Córdoba) o el Juzgado de lo Penal Número 1 de Córdoba.
En la querella, que tiene una extensión de 59 páginas, el sindicato policial recuerda los avisos que fue dando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea sobre la evolución del coronavirus a nivel mundial y, tras recordar que en la Policía Nacional se dieron algunos pasos previos –Marlaska cesó al alto mando policial que compró material sanitario en enero–, dice que se envió a muchos agentes a actos públicos sin el material apropiado.
«La antelación con la que podían haberse tomado medidas de prevención y contención del virus es obvia. Podría, y debía, haberse adquirido el material adecuado a estos efectos, en las cantidades necesarias, ya desde enero, fecha en la que los responsables de logística, como los demás miembros del Cuerpo de la Policía Nacional, conocieron de su necesidad para contener los contagios», dice el sindicato en su escrito.
Los responsables de Jupol consideran que estos nueve altos cargos de Interior y Sanidad pudieron cometer un posible delito contra los derechos de los trabajadores, al no haber facilitado a los agentes el material necesario para realizar su trabajo, además de un posible delito de prevaricación, al tener conocimiento del peligro al que se enfrentaban los agentes y negarlo para no tener que dotarles de ese material.
