Un segundo informe médico forense ‘lapida’ al Gobierno de Pedro Sánchez.
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que está investigando el caso del 8-M, cuenta con nueva información que indica que «la hecatombe en España se veía venir».
Es decir, que el Gobierno del PSOE y Podemos conocía, semanas antes del 8 de marzo, el riesgo para la salud pública que representaba celebrar las manifestaciones feministas.
Una información a la que, según el informe médico forense, tenían acceso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.
En el informe, se explica claramente que:
«Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque ‘a posteriori’ es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista», explica el forense Julio Lorenzo Rego.
Una información que apunta en contra del Gobierno en el caso que lleva la magistrada Carmen Rodríguez-Medel y que investiga un posible delito de prevaricación por el que imputó al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Es importante destacar que esta investigación fue la que originó la ‘purga’ del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska dentro de la cúpula de la Guardia Civil, así como que la Fiscalía (en manos de Dolores Delgado) solicitase que se archivase sin terminar su análisis.
Irresponsabilidad sanitaria
El informe médico forense reprocha a las autoridades la falta autoprotección ciudadana de quienes asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo.
Una situación que ocurrió, según explica el forense, debido a que no se alertó del «gran riesgo» que existía de contagiar el coronavirus.
Como si fuera poco, recoge que el Gobierno de Pedro Sánchez ignoró la valoración de riesgos como pidió la OMS el 14 de febrero. La misma decisión que tomó con «algunas» de las recomendaciones de la alerta europea del 2 de marzo.
Dos advertencias que, de haber sido tomadas en cuenta, habrían aminorado «el daño a la salud» y «las consecuencias económicas y sociales».
El documento defiende que la anulación de manifestaciones, como la del 8M, habría frenado una «amplia difusión» de la COVID-19.
«De igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio» habría facilitado que los ciudadanos «adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad», matiza.
Un tsunami a la vista
En el apartado ‘El tsunami que viene’, el forense mantiene que, a finales de febrero, «se notaba la tensión» en el CCAES.
Una conclusión a la que llega por el «estudio de los correos electrónicos» de personal de este centro.
Cita algunos nombres y expresiones supuestamente utilizadas en esos e-mails para hablar de «evolución galopante» de la epidemia».
«Imagino los semblantes de preocupación de estos profesionales analizando la situación. Por eso he titulado ‘el tsunami que viene‘», añade.
El forense Julio Lorenzo Rego incluso advierte que “hasta la ministra Irene Montero lo reconocía [el riesgo y necesidad de tomar medidas de prevención] en varias ocasiones durante su espontánea -y por lo tanto sincera- manifestación ante unas cámaras de televisión el día 9 de enero», en alusión a las palabras de la titular de Igualdad reveladas la semana pasada por el diario ABC.
«No quiero pensar, pero debo decirlo (…) que nos estábamos acercando al famoso 8M y el primer supuesto, el sí a las medidas de distanciamiento social, habría impedido la celebración de esa tan deseada manifestación, no quiero pensar que se haya acomodado el texto para tener argumentación en pro de la no cancelación», concluye en este punto.
En su opinión, «no es casualidad» que un «número indeterminado de las personas» que estuvieron el 8M, como «ministras y demás personajes públicos», contrajeran coronavirus, aunque «el estar en una manifestación y tener la enfermedad no es signo inequívoco de haberla contraído allí».
